(Tomado de voselsoberano.com)
I
HECHOS PREVIOS AL GOLPE
1. La Cuarta Urna
Durante la campaña electoral se planteó la necesidad de revisar totalmente la Constitución porque era una mala copia de las constituciones del 57 y del 65, abunda en contradicciones, es pétrea en la mayoría de sus artículos, no permite la participación efectiva del ciudadano en los procesos de decisión y solución de los problemas locales y nacionales y, lo más importante, no responde a la realidad nacional del siglo XXI.
El Presidente Zelaya decidió plantear la revisión de la Constitución y para ello se reunió con diferentes sectores, incluso los partidos políticos. De esos sondeos surgió la idea de una Asamblea Nacional Constituyente y la colocación de una cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre, con el objeto de preguntarle al pueblo hondureño si deseaba que se convocase a una Asamblea Nacional Constituyente para emitir una nueva Constitución.
La idea se colocaba al margen de la Constitución vigente porque ésta dispone que ciertos aspectos de la misma no puedan ser reformados en ningún caso. Estos aspectos son los siguientes: la forma de gobierno, el territorio nacional, el período presidencial, la prohibición de ocupar nuevamente la Presidencia de la República quien la hubiere desempeñado bajo cualquier título y quienes no pueden ser candidatos a la Presidencia para el período siguiente. Los artículos que abordan estos temas son irreformables, es decir, son pétreos.
Los sectores consultados estuvieron de acuerdo que si el pueblo votaba a favor de una nueva Constitución, la idea quedaría legitimada. Pero el sistema legal electoral reconoce únicamente tres urnas en las elecciones generales: la de Presidente, la de diputados y la de alcaldes. Por lo que era imprescindible aprobar las normas legales para regular lo que, en adelante, se conocería como la CUARTA URNA.
El próximo paso fue escoger el camino para lograr la aprobación de las normas legales que permitiesen la colocación de esa urna en las elecciones generales.
El Partido Nacional, cuyo candidato expresó públicamente su adhesión a la idea, y Unificación Democrática, entusiasmados con la idea, decidieron presentar sendas iniciativas legislativas, por medio de sus diputados con el fin de regular una urna con ese propósito, y el proceso de aprobación se inició inmediatamente.
2. La Consulta
El Presidente Zelaya optó por un camino diferente. En lugar de remitir el proyecto de ley al Congreso Nacional para que éste decidiera aprobarla o no (cuestión que constitucionalmente podía, igual que lo hicieron el Partido Nacional y la UD), prefirió preguntarle al pueblo si quería esa CUARTA URNA, para que, en caso de que el resultado fuese positivo, tener la justificación suficiente para remitir el proyecto de ley respectivo al Congreso Nacional.
El Presidente José Manuel Zelaya Rosales, en Consejo de Ministros, decidió llevar a cabo la consulta popular. El Decreto PCM-005-2009 aprobado tenía las características siguientes: preguntar al pueblo hondureño si estaba de acuerdo que en las elecciones de noviembre se colocara una urna más, al lado de las tres que corresponden al Presidente, a las Diputados y a los Alcaldes, con el objeto de consultarle si quería que, en el siguiente período presidencial, se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente.
3. Intervención del Juzgado de lo Contencioso- administrativo.
Ese Decreto del Consejo de Ministros fue impugnado por el Ministerio Público ante la Jurisdicción de lo Contencioso- administrativo, alegando que era ilegal porque en el mismo se decía que se realizaría una “consulta” popular y la Constitución solo reconoce como únicas consultas permitidas el plebiscito y referéndum, cuya práctica es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (Art. 5, párrafo 5).
El Juzgado de lo Contencioso- administrativo decidió, en sentencia incidental, suspender los efectos de ese Decreto del Consejo de Ministros, por mientras decidía en sentencia definitiva la legalidad o ilegalidad del mismo. Es decir, el Juzgado no calificó de ilegal el acto, simplemente suspendió sus efectos para evitar que su realización tornara nugatorio el fallo final.
El Consejo de Ministros, en aceptación de la pretensión del demandante, revocó el Decreto PCM-005-2009, cuyos efectos habían sido suspendidos por el Juzgado, a pesar de que nunca adquirió eficacia porque no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, requisito exigido por la Constitución para que los actos de carácter general surtan efectos jurídicos.
La legislación hondureña reconoce dos tipos de sentencia: la definitiva y la incidental. La primera se dicta en los juicios ordinarios y, cuando ya no admite impugnación por el transcurso de los plazos para recurrirla, se convierte en sentencia firme o pasada por autoridad de cosa juzgada. La incidental se emite en los incidentes, que son cuestiones que se plantean dentro del juicio principal y que, cuando son de previo y especial pronunciamiento, deben ser resueltas antes de que éste se decida en sentencia definitiva. Entre estos incidentes, está el de suspensión del acto impugnado en el juicio ordinario de lo contencioso- administrativo. El objeto de la suspensión es evitar que con la ejecución del acto impugnado se produzcan daños irreparables que no pueden ser revertidos ni con la sentencia que se dicte en el juicio principal.
4. La Encuesta
“ARTÍCULO 5.- La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes:
1) Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un Municipio, de un barrio o colonia, a gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante.”
Revocado el Decreto citado, se decidió invocar la Ley de Participación Ciudadana, aprobada en la primera sesión del Congreso Nacional del gobierno del Presidente Zelaya. Esta ley reconoce, en su artículo 5, el mecanismo jurídico de participación denominado “iniciativa ciudadana”, concebido como un derecho del ciudadano para pedir que los titulares de los órganos del Estado soliciten, a la ciudadanía en general o a los vecinos de un municipio, opinión o propuestas de solución sobre problemas colectivos que les afecten, como un derecho. El resultado de esta actividad no tiene carácter vinculante, pero servirán de elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante.
En esta disposición se encontró el asidero legal que necesitaba el Ejecutivo para conseguir que el pueblo hondureño se pronunciara sobre la pertinencia de una ley que tuviese por objeto regular la cuarta urna.
Con este fundamento legal se aprobó un nuevo Decreto en Consejo de Ministros (Número PCM-019-2009, de fecha 26 de mayo de 2009) por el cual se disponía la práctica de una encuesta (ya no una consulta) para obtener la opinión de los ciudadanos en torno a la conveniencia de la CUARTA URNA en las elecciones de noviembre, como justificación para remitir el proyecto de ley al Congreso Nacional.
La pregunta que se haría en esta encuesta es la siguiente: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?
5. La Aclaración de la Sentencia
Lo que debió resolver el Juzgado, siempre a instancia de parte, es la adopción de medidas cautelares para asegurar el resultado de la sentencia, cuestión permitida por nuestra legislación. Entre estas medidas está la prohibición de emitir nuevos actos.
El 29 de Mayo de 2009, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, ante una petición de aclaración de la sentencia incidental, resolvió que en la misma se entendían comprendidos, no solo el acto impugnado originalmente en la demanda, sino todos los actos que en el futuro dictara el Ejecutivo con esa finalidad.
El juzgado incurrió en un error inexcusable, a saber: pretender que en la sentencia queden comprendidos, no solo el acto impugnado, sino todos los actos futuros del demandado. Con ello, en la práctica, la aclaración se convirtió en una nueva sentencia, que decidía sobre actos que no eran objeto del juicio y, además, que carecían de existencia real, por cuanto pretendía disponer sobre actos que el juez imaginó que el Ejecutivo podría dictar en el futuro.
Contra la sentencia se interpusieron los recursos pertinentes, pero el sistema judicial reaccionó como se esperaba, confirmando el absurdo jurídico que contenía la sentencia de marras. Rechazadas las impugnaciones, no había alternativa; la sentencia, a pesar de ser un disparate, tenía que cumplirse.
Inusualmente, comunicaciones judiciales fueron remitidas a todas las instituciones para asegurarse de que no participarían en la encuesta, advirtiéndoles que si lo hacían se les castigaría con todo el peso de la ley. Entre éstas, se encontraban las Fuerzas Armadas.
El último Decreto (Número PCM-019-2009, de fecha 26 de mayo de 2009) fue publicado el 25 de junio.
Un día antes, el 24, el Presidente destituía al Jefe del Estado Mayor, porque éste le comunicaba que mientras existiese la orden judicial de suspender la encuesta no podían participar en la práctica de la misma porque era contra la ley eludir el cumplimiento de una orden judicial. Acto seguido, aceptaba la renuncia del Ministro de Defensa Nacional y se planteaban las renuncias de los Comandantes de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Fuerza Ejército.
II
EL DECRETO DE DESTITUCION DEL PRESIDENTE
1. El Decreto
El Presidente de la República fue sustituido el 28 de junio por el Presidente del Congreso Nacional en una sesión de este Poder del Estado y por decisión de un número todavía no determinado de diputados.
La decisión del Congreso Nacional se contiene en el Decreto Legislativo No. 141-2009, el que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
ARTICULO 1. El Congreso Nacional en aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 40, numeral 4), 205, numeral 20, y 218, numeral 3, 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República acuerda:
1) Improbar la conducta del Presidente de la República, ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, por las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales; y,
2) Separar al ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, del cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras.
ARTICULO 2. Promover constitucionalmente al ciudadano ROBERTO MICHELETI BAIN, actual Presidente del Congreso Nacional, al cargo de Presidente Constitucional de la República, por el tiempo que falte para terminara el período constitucional y que culmina el 27 de enero del año 2010.
ARTICULO 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación de los dos tercios de votos de los miembros que conforman el Congreso Nacional y en consecuencia es de ejecución inmediata.
Este Decreto Legislativo no resiste ningún análisis jurídico. Contiene tantas violaciones a la Constitución como disposiciones comprende.
En los números que siguen de este apartado, se identificarán las violaciones constitucionales en que incurrió el Congreso Nacional con la emisión de este Decreto.
2. Improbación de la Conducta del Presidente
Artículo 205, número 20: “Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, Instituciones Descentralizadas y demás órganos auxiliares y especiales del Estado.
La Constitución de la República confiere al Congreso Nacional la facultad de improbar las conductas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ministerio Público y otras instituciones.
La improbación se refiere a la conducta del órgano no a la conducta del titular del órgano. No puede ni debe el Congreso Nacional improbar la conducta de un funcionario en particular.
No está previsto, entonces, que impruebe la conducta del Presidente de la República, de un Secretario de Estado, de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral o del Tribunal de Cuentas, como tampoco contra un gerente de una entidad descentralizada.
3. Improbación de la Conducta Administrativa
La facultad que la Constitución le reconoce al Congreso Nacional es para aprobar o improbar conductas administrativas, no para calificar violaciones al ordenamiento jurídico.
El Decreto Legislativo Número141-2009 claramente determina que el Presidente de la República incurrió en reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. No se trataba, pues, de simples cuestiones de gestión administrativa, que implican responsabilidad política, sino de actos ilícitos, es decir, de delitos.
Para el Congreso no había duda alguna, el Presidente era culpable de violaciones a la legislación y de desobediencia, sin identificar los hechos o actos. Las violaciones señaladas en abstracto contra el Presidente, podrían tipificarse como delitos en el supuesto de que se lograsen individualizar. La imputación en abstracto fue suficiente para que el Congreso Nacional decidiese declarar la culpabilidad del Presidente de la República en la comisión de delitos no identificados.
Según nuestra Constitución solamente al Poder Judicial le compete la potestad de impartir justicia (Art. 303, primer párrafo) y aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado (Art. 304). Si el Presidente había violado la legislación y desobedecido resoluciones judiciales, es al Poder Judicial, y concretamente a la jurisdicción penal, a quien corresponde juzgar su comportamiento y determinar si efectivamente incurrió en algún ilícito, no al Congreso Nacional.
El Congreso Nacional se arrogó, en consecuencia, facultades privativas del Poder Judicial, al calificar de ilícitos los supuestos actos del Presidente y al declararlo culpable de haberlos cometido. Es decir, usurpó funciones que la Constitución atribuye a otro Poder del Estado.
4. El Congreso Nacional no tiene Potestad para destituir al Presidente de la República
A) Los órganos de los Poderes del Estado
Artículo 4. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativo. Se ejerce por los tres poderes: legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
Art. 189. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que serán elegidos por sufragio directo.
Art. 235. La titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente...
Art. 303. ...El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia...
Según nuestra Constitución, el Estado hondureño está integrado por tres poderes que, según el artículo 4 constitucional, “son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.
Todo lo relativo a esos tres poderes, se regula, fundamentalmente, en la Constitución de la República. Los tres poderes se interrelacionan y ejercen funciones que permiten el balance entre los tres.
El Poder Legislativo toma la promesa de ley del Presidente de la República, elige a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les toma el juramento constitucional. El Poder Ejecutivo presenta el Presupuesto General de la República, en el que se comprenden los presupuestos de los demás Poderes del Estado, y, además, ejerce el veto sobre las leyes que emite el Congreso Nacional. El Poder Judicial puede, ejerciendo la jurisdicción, dictar resoluciones que los funcionarios de los demás Poderes del Estado están obligados a cumplir, por ejemplo, anular los actos administrativos del Ejecutivo y algunos del Legislativo, así como declarar inconstitucionales actos de ambos Poderes y de leyes emitidas por el Congreso Nacional.
Cada Poder del Estado está integrado y se ejerce por los órganos siguientes: el Poder Legislativo, por el Congreso Nacional, integrado por Diputados electos por sufragio directo; el Poder Judicial, por la Corte Suprema de Justicia, integrada por Magistrados electos por el Congreso Nacional; el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, en representación y para beneficio del pueblo, quien lo elige para un período de cuatro años por simple mayoría de votos.
El único Poder del Estado que está integrado y ejercido por una persona, es el Poder Ejecutivo (Art. 235). Todos los demás están integrados y ejercidos por órganos colegiados.
B) ¿Se puede remover a los titulares de los Poderes del Estado?
Todos los titulares de los Poderes del Estado son electos para períodos determinados. Los diputados y el Presidente, para un período de cuatro años; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para un período de siete.
Los titulares de estos Poderes pueden vacar de sus cargos antes de que finalice su respectivo período, en caso de renuncia, muerte o inhabilitación judicial (Art. 205, número 12, constitucional).
La Constitución no contiene norma alguna por la cual se autorice la remoción o destitución del Presidente, los Diputados o los Magistrados. Por tanto, ningún titular de un Poder del Estado puede ser separado de su cargo antes de que finalice el período para el que fue electo.
C) La remoción del Presidente
Art. 238. Delinquen contra la forma de gobierno...quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes:
1) ...
2) Alterar la constitución de cualquiera de los Poderes del Estado...
Art. 2. ...
...la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
La remoción de cualquiera de los titulares de un Poder del Estado sería contraria a la Constitución y constituiría delito Contra la Forma de Gobierno, a tenor del artículo 238 del Código Penal.
Si la remoción fuere de todos los miembros de alguno de los órganos colegiados que ejercen Poderes del Estado, como es el caso del Legislativo o del Judicial (destitución de todos los diputados o de todos los magistrados), se puede afirmar, sin hesitación, que se trata de un Golpe de Estado, porque de hecho se elimina un Poder del Estado, es decir, se usurpa un poder constituido.
En conclusión, el Congreso Nacional no tiene facultades constitucionales para destituir al Presidente de la República.
La remoción arbitraria del Presidente se traduce en un atentado contra el Estado Constitucional por cuanto se desconoce, sin autoridad para ello, el Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio, por mandato constitucional, le corresponde al Presidente, cuya investidura emana del pueblo, que lo elige para un período de cuatro años.
Se trata, en definitiva, de la suplantación de la soberanía popular y de la usurpación de un poder constituido, tipificado en la Constitución como delito de traición a la patria, según el artículo 2 de nuestra Constitución.
5. Aplicación de Sanciones
“Artículo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”
“Art. 82: El derecho de defensa es inviolable.”
La aplicación de sanciones en nuestra legislación, está condicionada al cumplimiento de requisitos ineludibles. Los más importantes son los reconocidos en nuestra Constitución, a saber: el respeto a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho del debido proceso.
Toda persona tiene el derecho a ser tratada como inocente por las autoridades, hasta que se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.
A nadie puede aplicarse una sanción sin permitirle que se defienda en un procedimiento previsto en la ley para ello.
El Decreto citado, en conclusión, está plagado de violaciones a la Constitución por lo siguiente:
a) Se declara que el Presidente incurre en violaciones y en actos de desobediencia, sin identificarlos;
b) Las infracciones imputadas al Presidente son constitutivas de delito (abuso de autoridad, desobediencia y otros), pero no se individualizan;
c) Declara su culpabilidad sin agotar previamente el juicio respectivo, dentro del cual podía hacer uso de los mecanismos que la ley reconoce para que el acusado pueda defenderse de los ilícitos que le imputan sus acusadores; y,
d)Se le negó la oportunidad de que las mismas fuesen calificadas y juzgadas previamente por el Juez competente.
III
LA DENOMINADA SUCESIÓN PRESIDENCIAL
ARTICULO 242.- Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Designado que elija al efecto el Congreso Nacional ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto los tres designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de este último, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que faltare para terminar el período constitucional.
En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a uno de los designados para que lo sustituya.
Si la elección del Presidente y Designados no estuviere declarada un día antes del veintisiete de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a elecciones de autoridades supremas, dentro de los quince días subsiguientes a dicha fecha. Estas elecciones se practicarán dentro de un plazo no menor de cuatro ni mayor de seis meses, contados desde la fecha de la convocatoria. Celebradas las elecciones, el Tribunal Nacional de Elecciones, o en su defecto el Congreso Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, hará la declaratoria correspondiente, dentro de los veinte días subsiguientes a la fecha de la elección, y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus cargos hasta completar el período constitucional correspondiente.
Mientras las nuevas autoridades supremas electas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones, los Diputados al Congreso Nacional y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1. Causas de sustitución del Presidente
La Constitución establece dos hipótesis (Art. 242) en las cuales puede sustituirse legalmente al Presidente de la República, a saber: en ausencias temporales y en ausencias absolutas.
Por ausencias temporales se entienden los viajes del Presidente al exterior, la licencia por un tiempo determinado y la suspensión del ejercicio del cargo derivada de una decisión judicial. Cuando el viaje al exterior sea por más de quince días, corresponde al Congreso Nacional otorgar el permiso (Art. 205, número 13).
La licencia está prevista para cualquier circunstancia en la que se encuentre el Presidente que justifique la misma (Art. 205, número 12).
La suspensión se produce cuando el juez competente decrete auto de prisión al Presidente por delito que merezca pena mayor, porque en este caso está previsto en la Constitución que se suspende la calidad de ciudadano (Art. 41), status que lleva consigo el reconocimiento de los derechos políticos, entre los cuales se encuentran los de elegir y ser electo, y ejercer cargos públicos (Art. 37). La suspensión es temporal, porque la definición de su situación solamente se obtendrá hasta que se dicte la sentencia respectiva, en la que podría declararse su inocencia, lo que importa el retorno al ejercicio del cargo.
En las ausencias absolutas se comprenden todos aquellos supuestos en los cuales el Presidente se retire de modo absoluto del ejercicio del cargo. La muerte, la renuncia y la inhabilitación judicial son circunstancias que separan al Presidente del ejercicio del cargo de modo absoluto.
La aceptación de la renuncia es discrecional y le corresponde otorgarla al Congreso Nacional (Art. 205, número 12).
La inhabilitación, que es una pena accesoria a la pena de reclusión, puede ser especial o absoluta: la primera, procede en caso de que se trate de delitos con penas menores de cinco (5) años, y se aplica para un determinado cargo o derecho político (Art. 49, Código Penal); la segunda, procede cuando el delito merezca pena mayor de cinco años y se aplica para todos los cargos públicos (Art. 48, Código Penal)
2. Funcionarios que sustituyen al Presidente
Puede ser sustituido por un Designado a la Presidencia1, el Presidente del Congreso Nacional o el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En las ausencias temporales solamente los Designados pueden sustituirlo. Será el Designado que decida el Presidente, incluso en los viajes al exterior, menores o mayores de quince días.
Si el Presidente no se presenta al iniciar el período constitucional para el cual ha sido electo, ejercerá el Poder Ejecutivo, en ausencia temporal de aquél, el Designado a la Presidencia electo por el Congreso Nacional.
En las ausencias absolutas, puede sustituirlo el Designado que seleccione el Congreso Nacional. Puede suceder que también se produzca la ausencia absoluta de los Designados (caso de muerte, por ejemplo). En este caso, lo sustituiría el Presidente del Congreso Nacional; y si también fuere absoluta la ausencia de éste, la sustitución recae en el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
1 Antes era el Vicepresidente. Pero la Sala Constitucional declaró inconstitucional la reforma constitucional por la que se sustituía los Designados por el Vicepresidente.
La Constitución reconoce que el Consejo de Ministros puede asumir el ejercicio del Poder Ejecutivo, en un caso: cuando un día antes del 27 de enero no se haya declarado la elección del Presidente de la República y Designados (Art. 243).
3. La sustitución del Presidente
La sustitución se dispuso por el Congreso Nacional sin que se dieran los supuestos previstos en la norma constitucional para ello.
No podía alegarse ausencia temporal porque ninguna de las hipótesis constitucionales se produjo. Incluso, la que se deriva del auto de prisión, porque el Presidente ni siquiera fue llevado a la presencia judicial. Tampoco se puede alegar ausencia absoluta, porque el Presidente no había renunciado, no había muerto ni fue inhabilitado judicialmente.
A pesar de eso, el Congreso Nacional designó un sustituto del Presidente por todo el tiempo que restaba del período presidencial de Zelaya.
Por lo anterior, quien se ostenta como Presidente de la República no llegó a adquirir la investidura legal, porque su designación fue contraria a la Constitución. Es decir, todo fue realizado en contra de la Constitución de la República.
4. ¿Sucesión, promoción o sustitución?
A) Sucesión
Todos los órganos del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia, sostienen, hasta en sus comunicados escritos, que el 28 se produjo una “sucesión presidencial”.
Este lenguaje, extrañamente coincidente entre todos los órganos del Estado, tiene un serio problema: no es constitucional. En efecto, en ninguna disposición constitucional se utiliza el término “sucesión” para designar el cambio de titular del Poder Ejecutivo en los supuestos analizados, ni en ningún otro caso.
La “sucesión” es un término utilizado en Derecho Privado cuando se refiere a la transmisión de bienes, derechos o cargas de un difunto en la persona de su heredero. Se trata, pues, de la transmisión patrimonial que se produce con la muerte, ya sea ab intestato o por testamento.
En Derecho Público el vocablo “sucesión” también implica trasmisión, pero referido a la “sucesión en el trono”; en este caso, lo que se transmite es la corona, órgano constitucional que representa el Estado y su unidad. Es el término utilizado en las monarquías para designar la transmisión hereditaria de la corona como consecuencia de la muerte o abdicación del rey, en la persona que, según la línea sucesoria reconocida en la Constitución (primogénito y, en su defecto, los que sigan en la línea u orden de sucesión), tenga derechos sucesorios sobre la corona y garantice la dinastía real; como en España, que la mención de la Constitución a la “dinastía histórica”, es una referencia inequívoca a la Casa de Borbón, de modo que presumiblemente solo los sucesores ligados a esta Casa Real tienen derechos sucesorios sobre la Corona española.
Honduras es una república, no una monarquía. Desde que nace como país independiente, los constituyentes excluyeron de su léxico la palabra “sucesión”, por su condición de fervientes partidarios de la República. En consecuencia, no cabe el vocablo “sucesión” dentro de nuestro régimen de gobierno ni dentro de nuestro marco constitucional.
Lo que reconoce nuestra Constitución es la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia como el medio normal de transmitir los poderes del gobierno de un período constitucional a otro e implica que se practiquen elecciones generales y se declare formalmente electo el nuevo Presidente de la República. En este caso, podría, en principio, hablarse de “sucesión” porque no hay solución de continuidad entre los períodos de gobierno democrático, republicano y representativo.
No habrá, por tanto, alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, si el Presidente electo es sustituido, aún apegándose a la Constitución, por otra persona antes de que termine su período (Designado Presidencial, Presidente del Congreso Nacional o Presidente de la Corte Suprema de Justicia) o si al término de éste asume la Presidencia quien no haya sido electo en elecciones generales y por el voto directo del pueblo (como es el caso del Consejo de Ministros).
B) Promoción
“Promoción” es el término utilizado en el Decreto por el cual se removió al Presidente Zelaya, es decir, en su lugar fue promovido el Presidente del Congreso Nacional.
Ese término se refiere al ascenso a que tiene derecho un servidor dentro de la carrera a la que pertenece (servicio civil, carrera judicial, carrera militar, etc.), pero en los niveles de los Altos Funcionarios del Estado, no existe una carrera protegida por la ley. Esos funcionarios, no gozan de promociones o ascensos, como no pueden acreditar su antigüedad más que para alcanzar la jubilación o pensión. Además, la Constitución no utiliza ese término para referirse a los casos que nos ocupan.
Por otro lado, nadie, ni los mismos autores del Decreto en cuestión, ha insistido en calificar de promoción ese acto por el cual se inviste como Presidente de la República al Presidente del Congreso Nacional, lo que evidencia que aún los mismos padres del desaguisado están arrepentidos de haber usado incorrectamente el vocablo.
C) Sustitución
Sustitución es el término que la Constitución utiliza para referirse al acto por el cual un funcionario puede ejercer el Poder Ejecutivo cuando vacare el Presidente antes de finalizar el período constitucional para el que fue electo (Art. 242).
La sustitución no se enmarca dentro de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, porque ésta se refiere a la sucesión de un período presidencial por otro, previa celebración de elecciones y declaración de elección del nuevo Presidente.
La sustitución opera cuando el Presidente no puede terminar el período para el que fue electo por circunstancias sobrevinientes, como cuando muere, renuncia o es inhabilitado judicialmente.
Se trata, ciertamente, de una interrupción abrupta del ejercicio de la Presidencia de la República antes de culminar el período constitucional para el cual fue democráticamente electo, pero dentro del marco constitucional. No se podrá calificar de sustitución la expulsión del Presidente de su cargo, con el agravante de ser expatriado.
D) Conclusión
Lo realizado el 28 de junio por el Congreso Nacional no es una sucesión, como lo reconocen todos los Poderes del Estado y otros órganos públicos, tampoco es una promoción, como lo califica el Decreto porque el que vanamente se pretende destituir al Presidente Zelaya, ni es una sustitución porque la designación del supuesto sustituto no se hizo como manda la Constitución de la República.
El Congreso Nacional, entonces, violó la Constitución de la República. Simplemente destituyó, sin potestades constitucionales para ello, al Presidente de la República, desconociendo su investidura legitimada por el voto directo del pueblo hondureño en elecciones democráticamente realizadas y aceptadas como legales por el Tribunal Nacional de Elecciones. Por tanto, la designación del Presidente del Congreso Nacional para ejercer el Poder Ejecutivo es el producto de una violación a la Constitución de la República.
En conclusión, se produjo la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de un poder constituido porque removieron al Presidente de la República a pesar de que el pueblo lo había elegido para un período de cuatro años, se arrogaron potestades que no les confiere la Constitución al designar al Presidente del Congreso Nacional como su sustituto y éste ejerce funciones de titular del Poder Ejecutivo con una investidura inconstitucional.
Se trata, en definitiva, de un Golpe de Estado.
IV
LA CAPTURA Y EXPATRIACIÓN
DEL PRESIDENTE
1. Derecho constitucional
La Constitución de la República manda (Art. 102) que “ningún hondureño podrá ser expatriado”.
2. La captura
Ar. 293. La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado...encargada de...ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos...
Art. 99. ...
Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las (6) de la tarde a las (6) de la mañana...
Según nuestra Constitución, la ejecución de las resoluciones, disposiciones mandatos y decisiones de las autoridades, corresponde a la Policía Nacional (Art. 293)
La captura del Presidente fue realizada por las Fuerzas Armadas, no por la policía. Es un acto, en consecuencia, notoriamente contrario a la Constitución de la República.
Se alega que un juez ordenó a las Fuerzas Armadas que ejecutara la captura. Pero no se subsana la violación a la Constitución alegando que un juez competente para conocer la causa lo haya ordenado, porque los jueces solamente pueden ordenar lo que la ley les reconoce como parte de sus atribuciones. Los mandatos judiciales que violen manifiestamente la Constitución son ilegales y, por tanto, viciados, en este caso, de nulidad absoluta, por lo que pueden ser anulados en cualquier tiempo y de oficio.
Finalmente, se alega por el mismo Presidente Zelaya que el allanamiento a su morada se ejecutó antes de las seis (6) de la mañana. Lo que sería contrario a lo dispuesto en la Constitución de que no se puede allanar domicilios entre las 6 p.m. a las 6 a.m. (Art. 99, párrafo segundo).
Este artículo ha sido continuamente invocado por los jueces para declarar ilegales los allanamientos a las viviendas de los narcotraficantes o de los secuestradores, cuya liberación decretan apresuradamente, aunque con ellos se encuentren todas las evidencias que los incriminan en la comisión del delito; comportamiento que ha sido cuestionado frecuentemente por fiscales y policías. Los narcotraficantes y los secuestradores reciben mejor trato del sistema judicial que el dispensado por éste al Presidente Zelaya, en este caso.
3. Justificación de la expatriación
El argumento que se formula para justificar la expatriación del Presidente de la República, e incluso la remoción misma, es el siguiente: fue necesario expatriarlo porque llevarlo a la presencia del Juez suponía un inevitable baño de sangre.
Se fundamenta, según los juristas que apoyan el Golpe de Estado y la expatriación del Presidente de la República, en el “estado de necesidad”, reconocido en nuestro Código Penal como una justificación que exonera la responsabilidad penal.
4. El Estado de Necesidad
Según el Código Penal, es una causa de justificación que exonera de responsabilidad penal a quien “haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro”… “no puede alegar el estado de necesidad quien tenía el deber de afrontar el peligro” (Art. 24)
Todos los tratadistas y la jurisprudencia exigen que el peligro que se pretende evitar sea real, inminente, inmediato e inevitable. La situación de peligro, entonces, debe ser actual; no futura, posible, ni probable. Tampoco podrá alegarse estado de necesidad cuando el peligro pueda evitarse o cuando pueda eludirse por otros medios que no causen perjuicio a terceros.
El peligro debe amenazar un bien individual jurídicamente protegido (vida, integridad corporal, pudor, honor, propiedad, por ejemplo), propio o de terceros, creando una situación real de necesidad de impedir o repeler la agresión para salvarlo. No se puede invocar alegando, por ejemplo, que se pretende salvar la nación, pero sí para salvar a una o varias personas del peligro.
La situación de peligro puede ser causada por el hechor, por otra persona o por la naturaleza. Si es provocada por el hechor, se podrá invocar el estado de necesidad solamente si se produce involuntariamente. Si la provoca intencionalmente, no opera el estado de necesidad; como cuando, para cobrar el seguro, decide incendiar el negocio propio, pero, por descuido suyo, queda expuesto al incendio, y destruye propiedad del vecino para escapar del mismo.
El hecho debe ser proporcionado al peligro, es decir, el bien jurídico protegido a sacrificar debe ser igual o inferior al salvaguardado. En un naufragio, por ejemplo, no se sacrificarán personas para salvar mercaderías.
Finalmente, no puede alegar el estado de necesidad quien tenía el deber de afrontar el peligro. Ningún agente público cuya función es enfrentar el peligro continuamente, como es el caso de la policía, los bomberos, los militares y otros similares, puede invocar a su favor esa “causa de justificación”.
5. Conclusión
En el caso de la remoción del Presidente y su expatriación, debe evaluarse la situación de peligro, el bien jurídico protegido, la proporción entre el hecho y el peligro, y si los autores de los hechos actuaron para salvarse ellos y los terceros del supuesto “baño de sangre”.
Si se aceptara que la remoción y la expatriación está justificada, en adelante las acciones supuestamente inconstitucionales de los Presidentes, se evitarán mediante la destitución. Asimismo, las imputaciones a los Presidentes se resolverán con el exilio, no en un juicio, porque llevarlos ante la presencia judicial encierra un gravísimo e inminente peligro, que solamente de esa manera se puede evitar.
Es evidente que la remoción y la expatriación no pueden justificarse en el “estado de necesidad”. Nadie en su sano juicio puede aceptar como jurídico el argumento que para evitar el “baño de sangre” que implicaría presentar al Presidente ante el Juez y seguirle el respectivo juicio, era necesario destituirlo y llevarlo contra su voluntad a otro país y abandonarlo en la pista de aterrizaje como si de un bulto se tratase.
Por otro lado, se ha discutido sobre la responsabilidad sobre la expatriación del Presidente. Todo indica que esta decisión no es responsabilidad de una sola persona o de una sola institución, porque lo sucedido el 28 ya era, por lo que resulta de los días subsiguientes, del conocimiento de los titulares de la mayoría de las instituciones del Estado y de algunas organizaciones gremiales y de la sociedad civil, lo que puede deducirse por las reacciones inmediatas y organizadas de los mismos.
La gran conspiración se puso de manifiesto el día 28 de junio. El operativo que ese día se puso en ejecución fue diseñado con suficiente antelación para asegurarse que nada quedaría al azar ni expuesto a decisiones discrecionales o de última hora. Inmediatamente después de la expatriación, sesionó el Congreso Nacional para destituir al Presidente, los demás órganos del Estado opinaron que todo era legal, la empresa privada, algunos líderes religiosos y de la sociedad civil expresaron su satisfacción y declararon que aprobaban lo acontecido porque se trataba de una “sucesión constitucional”, y, finalmente, el argumento del “estado de necesidad” para justificar la expatriación del Presidente, se formuló desde las altas esferas del Poder Público.
En esta conspiración también estaba contemplada la expatriación de la Canciller Patricia Rodas, contra quien, según declaraciones de la misma autoridad, no había orden de captura. Todavía nadie ha explicado por qué fue expatriada la Canciller.
Por lo anterior, debemos llamar la atención sobre la situación de los derechos fundamentales en Honduras. Si el Poder Público y las organizaciones empresariales, religiosas y de la sociedad civil son capaces de participar o aceptar la violación de los derechos fundamentales del Presidente de la República y de la Canciller, qué no podrán urdir contra los ciudadanos comunes.
Es evidente que de nada sirvió preparar el Golpe de Estado con suficiente antelación, puesto que todo salió mal. La torpeza, el disparate y la simpleza es lo que más destacado en toda la operación.
Finalmente, es necesario señalar que el precedente sería funesto no solamente para los futuros Presidentes de Honduras, sino también para los Presidentes de Latinoamérica. La impunidad en el caso de Honduras, estaría imponiendo una regla a aplicar en el resto del continente latinoamericano.
V
¿HABIA VACADO AUTÓMATICAMENTE DE SU CARGO EL PRESIDENTE
EN VIRTUD DEL ARTICULO 239 CONSTITUCIONAL?
1. Lo dispuesto en el artículo 239
El artículo 239 constitucional prohíbe aspirar a la Presidencia de la República a quien haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo y sanciona a quien infrinja la prohibición y a aquel que “proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente”. Las sanciones son: cesar de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedar inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública.
Artículo 239. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.
2. ¿Violó el Presidente el 239?
Se afirma que el Presidente Zelaya había dejado de serlo desde antes del 28 de junio por lo siguiente: con la encuesta de opinión a celebrarse el 28, el Presidente pretendía continuar en el Poder o reelegirse, por lo que se colocaba como sujeto pasivo de las sanciones previstas en dicha disposición legal.
El Decreto sobre esa encuesta, publicado en La Gaceta, no se refiere al continuismo ni a la reelección. Todas sus normas regulan únicamente la encuesta por la cual se pretendía justificar el proyecto de ley que se remitiría al Congreso Nacional para regular la cuarta urna en la cual eventualmente el pueblo votaría sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El motivo, por tanto, no existe. Y la mejor prueba de ello, es que el Congreso Nacional no invocó el artículo 239 en el Decreto Legislativo por el cual pretende vanamente remover al Presidente de su cargo.
En conclusión, el Presidente no violó el 239.
3. ¿Cómo se aplica el 239?
Se dice que este artículo se aplica automáticamente, sin intervención de ninguna autoridad que declare la existencia de los hechos constitutivos de la trasgresión, la culpabilidad y la condena.
Sostener que el Presidente había dejado de serlo porque el 239 dispone que el cese de las funciones es “de inmediato”, es desconocer ciertos principios constitucionales elementales, reconocidos universalmente y, aparentemente, no tan difundidos en nuestro país fuera del ámbito forense.
Honduras, desde que es República, cuenta en sus Constituciones con algunos recaudos que ha sostenido firme e invariablemente, para evitar que la simple imputación de un delito, particular o pública, se convierta en un veredicto inapelable. Entre estas previsiones, se destacan tres: la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
El artículo 89 constitucional dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. En otras palabras, es culpable solamente quien haya sido declarado responsable en sentencia judicial.
“El derecho de defensa es inviolable”, sentencia el artículo 82 constitucional. Significa que todo imputado tiene derecho a esgrimir sus razones, presentar pruebas y alegatos a su favor, ante autoridad competente.
Finalmente, los artículos 90 y 94, constitucionales, declaran que todo imputado, a efecto de respetar su derecho de defensa, debe ser sometido a juicio ante juez competente, quien, solo de resultar aquel vencido en juicio, lo declarará culpable en sentencia, pero la pena solamente la aplicará cuando ésta adquiera el carácter de firme, es decir, cuando contra la sentencia no proceda recurso alguno.
El Derecho Procesal Penal ofrece las reglas para aplicar esos principios y nuestro Código Procesal Penal las recoge ampliamente. Ambos se estudian en las Facultades de Derecho existentes, que por cierto son muchas, y también en el respectivo postgrado de Derecho Procesal Penal de la UNAH. No existe estudiante ni Abogado, por consiguiente, que desconozca estos principios.
En conclusión, aunque el artículo 239, constitucional, consigne la frase “de inmediato”, la sanción se aplicará hasta que el Juez, al concluir el juicio, lo decrete en sentencia firme.
Esas previsiones constitucionales nos alejan de las cavernas, del oscurantismo, del Medioevo y de todas esas épocas en las que se desconocían los derechos más elementales del ser humano. También nos distancian de los sistemas comunistas, nazistas, fascistas falangistas e islámicos, en donde el ser humano es un simple instrumento de voluntades supremas, cuyos designios, inminentes y misteriosos, son indiscutibles e ineludibles.
No deja de preocupar, sin embargo, que se pretenda maliciosamente extraer, con el ánimo de reconocerles vigencia, ignominiosas reminiscencias de ese pasado infame de la humanidad o de copiar oprobiosos mecanismos de sistemas que tiranizan a sus pueblos y por eso son rechazados unánimemente por las sociedades modernas, porque demuestra palmariamente la incultura política y jurídica que priva en nuestro ambiente.
4. Curioso detalle
Llama la atención que todos los Poderes del Estado y demás órganos públicos, así como la dirigencia empresarial, de los partidos políticos (exceptuando la UD) y de algunos organismos de la sociedad civil, coincidan que Zelaya no era Presidente el día 28 en aplicación del artículo 239 porque, según ellos, pretendía reformarlo. Pero nada dicen sobre los diputados, del Partido Nacional y de la UD, que, como se indicó al inicio de este trabajo, firmaron la iniciativa de ley presentada para regular una urna con la misma finalidad que pretendía el Presidente Zelaya, es decir, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Según los titulares de los órganos del Estado y los dirigentes de organismos privados, el único a quien se debe castigar es al Presidente Zelaya, aún cuando no practicó la encuesta. Para el sistema hondureño el único culpable es éste, aunque no haya consumado el delito, si es que acaso lo es. Los diputados, que sí consumaron el acto porque presentaron formalmente en el Congreso Nacional la iniciativa de ley para regular la urna por la que se convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, están fuera de la aplicación del 239.
Cuando los altos funcionarios coinciden con los altos personeros de los organismos privados para cometer injusticias como ésta, se pone en evidencia que el problema en Honduras no es solo de arbitrariedad, sino de cultura.
Si son capaces de hacer esto con un Presidente qué no harán con un ciudadano común.
Por eso no debe asombrarnos que en nuestro país, la justicia se aplique selectivamente.
VI
CONCLUSION
No existe duda alguna que el día 28 de junio se perpetró un Golpe de Estado, porque se desconoció al titular legítimo del Poder Ejecutivo y se le expatrió violentamente, rompiendo, con ello, la integridad del Estado mismo. Por una ficción planteada por la misma Constitución (Art. 375), ésta no pierde su vigencia ante ningún atentado, proveniente de la fuerza bruta o de maquinaciones político- jurídicas; por ello, está vigente a pesar del Golpe de Estado.
Lo inédito es que el Golpe de Estado fue producto de una conspiración de todos los Poderes y demás órganos del Estado, la dirigencia empresarial, la dirigencia de los Partidos Políticos (excepto UD), y algunos dirigentes religiosos y de la sociedad civil.
Se puso al descubierto que el poder público y el poder fáctico están graníticamente unidos y están convencidos de que pueden actuar con impunidad. Por lo que no debe sorprender que hayan conspirado inescrupulosamente contra el pueblo, contra la democracia, contra la historia y contra la razón. No les preocupó la crisis que podría generarse, a nivel nacional o regional; tampoco las reacciones de la comunidad internacional; menos les importó el futuro del país.
Pudo más el odio, la intransigencia, la intolerancia, la obcecación; se rindieron ante la sensación de impunidad que dispensa el ejercicio arbitrario del poder. Por ello, no aparece por ninguna parte la inteligencia, la imaginación y la perspicacia, que tan útiles son en las conspiraciones; en su lugar, se destaca la torpeza, la simpleza y la abundancia de nadería. Por eso, la conspiración resultó un rotundo y estrepitoso fracaso.
Por lo anterior, cualquier solución a esta tragedia nacional pasa necesariamente por una reconstrucción del país, que implique la renovación de la institucionalidad, la construcción de una nueva cultura política, caracterizada por la participación activa y directa del ciudadano en la solución de los problemas que le conciernen, establecer las reglas que regularán la nueva gobernabilidad y precisar con claridad los objetivos y metas hacia los cuales queremos llegar en las próximas décadas, identificando, sin demagogia, los medios para alcanzarlos.
El Acuerdo de San José está agotando su vida útil. Está a punto de ser historia. Si los valladares para su implementación resultan insuperables, tendremos que prescindir del mismo, desgraciadamente.
Lo que es imprescindible, es la reconciliación nacional, que pasa por el perdón y el olvido. Y lo que ya es inevitable, porque el pueblo la ha tomado como bandera, es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
La solución definitiva, entonces, no puede alcanzarse prescindiendo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
sábado, 3 de octubre de 2009
viernes, 2 de octubre de 2009
domingo, 27 de septiembre de 2009
¿Le conviene a la derecha la intervención militar en Honduras?
Por: Ricardo Arturo Salgado (Investigador Social)
27/septiembre/2009
El caso hondureño ha despertado un gran interés entre los pensadores de izquierda y de derecha de todo el continente. Muchos piensan, aplicando todas las herramientas de análisis que su conocimiento les permiten. Se ha abierto un espacio importante para la especulación, principalmente porque el accionar de las partes ha sido bastante inesperado para la mayoría.
Por un lado, el presidente Zelaya emprendió su regreso a Honduras en una operación que dejo boquiabiertos tanto a los golpistas como a la mayoría de sus seguidores (me incluyo entre los sorprendidos). Por cierto, los países que se mencionan como partícipes de la operación hacen todo lo posible para negar su conocimiento de esta movida.
En el otro lado, el gobierno golpista no deja de sorprender por su “inesperada” capacidad logística; la movilización de todas sus fuerzas, la implementación de tácticas que han llevado a la presidenta Kirchner a decir que lo que aquí se hace supera a los maestros del cono sur en las dictaduras de los 70 y 80.
Anoche el régimen de facto exigía a todos los países que retiraron sus embajadores del territorio nacional después del golpe, nombrar nuevos embajadores para que el ejecutivo de su beneplácito. Mas aun le dieron un ultimátum de 10 días al gobierno brasileño para definir el status de Zelaya en la embajada, de lo contrario…
¿Es que acaso una acción contra la legación diplomática del gigante suramericano le conviene a Micheletti o a alguien mas aquí? ¿No seria este un acto que dispararía las alarmas para una intervención militar adoptada por toda la comunidad internacional como si se tratara de una obra caritativa? ¿No es esto lo que muchos ven como solución para el problema hondureño?
Con la licencia de la especulación exploremos un poco lo que está sucediendo en este escenario posible:
a) El régimen fascista, contrario a lo esperado después de las resoluciones de la ONU, mantiene e incrementa su salvaje presión contra los ocupantes de la embajada brasileña en Tegucigalpa (esto, de hecho ha sucedido de esta forma);
b) El régimen fascista desata una campaña mediática para justificar su hostilidad a muchos gobiernos de la región (ya lo hizo, anoche, curiosamente no mencionó en su lista a Estados Unidos, si están en ella México, España, Argentina, Venezuela y Brasil);
c) La comunidad internacional se mantiene con estupor sin reaccionar correctamente frente a la situación, y, sobre todo, sin tomar las medidas necesarias que se necesitan para ahogar económicamente al régimen. Esto ha estado sucediendo desde el primer día del golpe; desde que Arias entró en la escena, para boicotear las resoluciones de toda a comunidad internacional.
d) Los golpistas deciden entrar por la fuerza a la embajada del Brasil, toman las instalaciones, crean una enorme confusión al interior de esta de la cual resultan muertos algunos líderes de resistencia, incluido el mismo presidente Zelaya. (Esto lo han preparado minuciosamente durante los últimos días. Y han hecho caso omiso de los reclamos internacionales por mantener la integridad del presidente y la inviolabilidad de la legación diplomática).
e) Simultáneamente asesinan una gran cantidad de líderes históricos y emergentes del proceso revolucionario hondureño. Para esto cuentan con que la reacción de la comunidad extranjera tomará no menos de una semana. Este plan no parece ser ficción; anoche la policía y el ejercito literalmente cazaban lideres magisteriales y de la resistencia en la ciudad de Danlí, en El Paraíso, mientras han levantado miles de perfiles policiales de una enorme cantidad de personas de la resistencia en todo el país.
f) Los autores materiales del golpe, escapan del país hacia un lugar seguro. El destino mas probable es Panamá, paraíso fiscal, centro de actividades del narcotráfico, gobierno de ultraderecha, sin una oposición capaz, al menos por ahora de llevar adelante una reacción y presión importantes contra los incómodos huéspedes (aquí si, todo es especulación mía)
g) Las fuerzas internacionales irrumpen en el país, donde después de unas cuantas escaramuzas, en las que caen unos cuantos soldados de menor rango, estas llaman a las partes al dialogo el cual asisten gustosos, en nombre de la paz y la democracia, los candidatos golpistas, la empresa privada golpista, los medios de comunicación golpista, la auto nombrada sociedad civil, las iglesias golpistas, y en nombre de dios y la reconciliación del pueblo hondureño reorganizan el estado bajo el mismo esquema bipartidista de hace un siglo. Mientras esto sucede, las nuevas fuerzas del orden prosiguen la tarea de reprimir al pueblo, hasta pacificarlo.
Si nos detenemos a pensar en este curso de acción, no parece, después de todo, descabellado pensar que, a la derecha, más que a nadie le conviene ir todo este camino de la intervención militar extranjera. De esa manera podría destruir, al menos según sus cálculos, todo el avance de los movimientos progresistas y el pueblo movilizado en resistencia.
En declaraciones vertidas anoche mismo, el presidente Zelaya destacaba que ninguna intervención era bienvenida; que la solución debía darse dentro de un marco de dialogo al que los golpistas reaccionaron con mucha mas violencia. Está claro que el presidente Zelaya entiende que pedir a gritos intervención militar equivale a saltar por el precipicio que la derecha quiere que saltemos.
Pero ¿cómo evitamos esta ruta? Bien, el Frente Nacional de Resistencia bajo la coordinación de los lideres obreros, campesinos, magisteriales, y el presidente de la república, han convocado a una movilización general, para ingresar en la “ofensiva final”. El frente busca aquí presionar al régimen a través de una demostración de capacidad organizativa; de movimiento de masas, algo que es a todas luces la mejor estrategia a seguir al interior del país.
Ahora bien los países de la América Latina, especialmente, Brasil, México, Venezuela, Argentina, y España, deberían buscar maneras concretas, físicas, de defender sus instalaciones diplomáticas en Honduras, a modo de evitar este que los golpistas lleven adelante su plan. Estos países tienen, con la excepción de Venezuela, buenas posibilidades de presionar al gobierno yankee para que despliegue efectivos militares para defender estas posiciones. Esos soldados gringos ya están en la base Soto Cano.
Por otro lado, se debe emprender una campaña, seria, firme, constante para presionar al gobierno de Panamá para que controle el ingreso de capitales Hondureños. Durante los últimos 3 meses muchas cantidades de dinero hondureño han sido trasladadas de bancos en los Estados Unidos hacia Bancos panameños. Además se le debe presionar para que no aliente las intenciones del golpe en Honduras.
Al mismo tiempo, se debe presionar a la administración gringa para que de una vez, mañana mismo, congele el acceso de los golpistas a las reservas monetarias hondureñas en Bancos gringos (esta medida aplica a muchos otros países). También se debe exigir a las fuerzas armadas de Honduras que revele de donde ha sacado todo el arsenal que ahora posee. Hay que eliminar todas las transacciones monetarias hacia Honduras, incluyendo las remesas familiares.
Como el génesis del golpe se encuentra en el empresariado hondureño, se deben levantar de inmediato todos los tratos comerciales preferenciales, de modo que estos no tengan acceso a sus divisas. Los gringos no son extraños a estas ideas, ya han practicado un bloqueo criminal contra el pueblo cubano por cincuenta años por querer ser libre; que esta vez lo hagan por las razones moralmente correctas.
Presionando a los empresarios se logra que ellos busquen precipitar un desenlace rápido, para preservar sus intereses.
Sabemos que todo esto es poco realista, y que al final, el imperio es eso, el imperio, y no va a ceder a todas estas demandas. Pero lograr unas cuantas concesiones de parte de ellos seria una victoria para la América latina.
Otra cosa importante es la organización inmediata de un movimiento de solidaridad efectivo con el pueblo de honduras y su resistencia, en todos los campos; alimentos, tecnología, informática, tácticas y estrategias de autodefensa, y todo lo que sea necesario para mantener y hacer crecer este proceso liberador.
No esta demás recordar a los presidentes de América Latina, que aquí luchamos contra un gobierno ilegal e ilegitimo. Eso da el sostén jurídico y moral para tomar una y mil formas de solidaridad y para minar, debilitar al régimen fascista.
La licencia que me he tomado para especular sobre los hechos ponen al descubierto la necesidad de analizar con prontitud esta coyuntura y tomar la ruta mas adecuada. Una vez mas: Hay que formular las preguntas correctas para lograr las mejores respuestas.
La victoria esta cerca, no podemos darnos el lujo de equivocarnos!!
No a la intervención extranjera cómplice del golpe!!!
Si a la solidaridad de los pueblos!!
Hasta la victoria siempre
27/septiembre/2009
El caso hondureño ha despertado un gran interés entre los pensadores de izquierda y de derecha de todo el continente. Muchos piensan, aplicando todas las herramientas de análisis que su conocimiento les permiten. Se ha abierto un espacio importante para la especulación, principalmente porque el accionar de las partes ha sido bastante inesperado para la mayoría.
Por un lado, el presidente Zelaya emprendió su regreso a Honduras en una operación que dejo boquiabiertos tanto a los golpistas como a la mayoría de sus seguidores (me incluyo entre los sorprendidos). Por cierto, los países que se mencionan como partícipes de la operación hacen todo lo posible para negar su conocimiento de esta movida.
En el otro lado, el gobierno golpista no deja de sorprender por su “inesperada” capacidad logística; la movilización de todas sus fuerzas, la implementación de tácticas que han llevado a la presidenta Kirchner a decir que lo que aquí se hace supera a los maestros del cono sur en las dictaduras de los 70 y 80.
Anoche el régimen de facto exigía a todos los países que retiraron sus embajadores del territorio nacional después del golpe, nombrar nuevos embajadores para que el ejecutivo de su beneplácito. Mas aun le dieron un ultimátum de 10 días al gobierno brasileño para definir el status de Zelaya en la embajada, de lo contrario…
¿Es que acaso una acción contra la legación diplomática del gigante suramericano le conviene a Micheletti o a alguien mas aquí? ¿No seria este un acto que dispararía las alarmas para una intervención militar adoptada por toda la comunidad internacional como si se tratara de una obra caritativa? ¿No es esto lo que muchos ven como solución para el problema hondureño?
Con la licencia de la especulación exploremos un poco lo que está sucediendo en este escenario posible:
a) El régimen fascista, contrario a lo esperado después de las resoluciones de la ONU, mantiene e incrementa su salvaje presión contra los ocupantes de la embajada brasileña en Tegucigalpa (esto, de hecho ha sucedido de esta forma);
b) El régimen fascista desata una campaña mediática para justificar su hostilidad a muchos gobiernos de la región (ya lo hizo, anoche, curiosamente no mencionó en su lista a Estados Unidos, si están en ella México, España, Argentina, Venezuela y Brasil);
c) La comunidad internacional se mantiene con estupor sin reaccionar correctamente frente a la situación, y, sobre todo, sin tomar las medidas necesarias que se necesitan para ahogar económicamente al régimen. Esto ha estado sucediendo desde el primer día del golpe; desde que Arias entró en la escena, para boicotear las resoluciones de toda a comunidad internacional.
d) Los golpistas deciden entrar por la fuerza a la embajada del Brasil, toman las instalaciones, crean una enorme confusión al interior de esta de la cual resultan muertos algunos líderes de resistencia, incluido el mismo presidente Zelaya. (Esto lo han preparado minuciosamente durante los últimos días. Y han hecho caso omiso de los reclamos internacionales por mantener la integridad del presidente y la inviolabilidad de la legación diplomática).
e) Simultáneamente asesinan una gran cantidad de líderes históricos y emergentes del proceso revolucionario hondureño. Para esto cuentan con que la reacción de la comunidad extranjera tomará no menos de una semana. Este plan no parece ser ficción; anoche la policía y el ejercito literalmente cazaban lideres magisteriales y de la resistencia en la ciudad de Danlí, en El Paraíso, mientras han levantado miles de perfiles policiales de una enorme cantidad de personas de la resistencia en todo el país.
f) Los autores materiales del golpe, escapan del país hacia un lugar seguro. El destino mas probable es Panamá, paraíso fiscal, centro de actividades del narcotráfico, gobierno de ultraderecha, sin una oposición capaz, al menos por ahora de llevar adelante una reacción y presión importantes contra los incómodos huéspedes (aquí si, todo es especulación mía)
g) Las fuerzas internacionales irrumpen en el país, donde después de unas cuantas escaramuzas, en las que caen unos cuantos soldados de menor rango, estas llaman a las partes al dialogo el cual asisten gustosos, en nombre de la paz y la democracia, los candidatos golpistas, la empresa privada golpista, los medios de comunicación golpista, la auto nombrada sociedad civil, las iglesias golpistas, y en nombre de dios y la reconciliación del pueblo hondureño reorganizan el estado bajo el mismo esquema bipartidista de hace un siglo. Mientras esto sucede, las nuevas fuerzas del orden prosiguen la tarea de reprimir al pueblo, hasta pacificarlo.
Si nos detenemos a pensar en este curso de acción, no parece, después de todo, descabellado pensar que, a la derecha, más que a nadie le conviene ir todo este camino de la intervención militar extranjera. De esa manera podría destruir, al menos según sus cálculos, todo el avance de los movimientos progresistas y el pueblo movilizado en resistencia.
En declaraciones vertidas anoche mismo, el presidente Zelaya destacaba que ninguna intervención era bienvenida; que la solución debía darse dentro de un marco de dialogo al que los golpistas reaccionaron con mucha mas violencia. Está claro que el presidente Zelaya entiende que pedir a gritos intervención militar equivale a saltar por el precipicio que la derecha quiere que saltemos.
Pero ¿cómo evitamos esta ruta? Bien, el Frente Nacional de Resistencia bajo la coordinación de los lideres obreros, campesinos, magisteriales, y el presidente de la república, han convocado a una movilización general, para ingresar en la “ofensiva final”. El frente busca aquí presionar al régimen a través de una demostración de capacidad organizativa; de movimiento de masas, algo que es a todas luces la mejor estrategia a seguir al interior del país.
Ahora bien los países de la América Latina, especialmente, Brasil, México, Venezuela, Argentina, y España, deberían buscar maneras concretas, físicas, de defender sus instalaciones diplomáticas en Honduras, a modo de evitar este que los golpistas lleven adelante su plan. Estos países tienen, con la excepción de Venezuela, buenas posibilidades de presionar al gobierno yankee para que despliegue efectivos militares para defender estas posiciones. Esos soldados gringos ya están en la base Soto Cano.
Por otro lado, se debe emprender una campaña, seria, firme, constante para presionar al gobierno de Panamá para que controle el ingreso de capitales Hondureños. Durante los últimos 3 meses muchas cantidades de dinero hondureño han sido trasladadas de bancos en los Estados Unidos hacia Bancos panameños. Además se le debe presionar para que no aliente las intenciones del golpe en Honduras.
Al mismo tiempo, se debe presionar a la administración gringa para que de una vez, mañana mismo, congele el acceso de los golpistas a las reservas monetarias hondureñas en Bancos gringos (esta medida aplica a muchos otros países). También se debe exigir a las fuerzas armadas de Honduras que revele de donde ha sacado todo el arsenal que ahora posee. Hay que eliminar todas las transacciones monetarias hacia Honduras, incluyendo las remesas familiares.
Como el génesis del golpe se encuentra en el empresariado hondureño, se deben levantar de inmediato todos los tratos comerciales preferenciales, de modo que estos no tengan acceso a sus divisas. Los gringos no son extraños a estas ideas, ya han practicado un bloqueo criminal contra el pueblo cubano por cincuenta años por querer ser libre; que esta vez lo hagan por las razones moralmente correctas.
Presionando a los empresarios se logra que ellos busquen precipitar un desenlace rápido, para preservar sus intereses.
Sabemos que todo esto es poco realista, y que al final, el imperio es eso, el imperio, y no va a ceder a todas estas demandas. Pero lograr unas cuantas concesiones de parte de ellos seria una victoria para la América latina.
Otra cosa importante es la organización inmediata de un movimiento de solidaridad efectivo con el pueblo de honduras y su resistencia, en todos los campos; alimentos, tecnología, informática, tácticas y estrategias de autodefensa, y todo lo que sea necesario para mantener y hacer crecer este proceso liberador.
No esta demás recordar a los presidentes de América Latina, que aquí luchamos contra un gobierno ilegal e ilegitimo. Eso da el sostén jurídico y moral para tomar una y mil formas de solidaridad y para minar, debilitar al régimen fascista.
La licencia que me he tomado para especular sobre los hechos ponen al descubierto la necesidad de analizar con prontitud esta coyuntura y tomar la ruta mas adecuada. Una vez mas: Hay que formular las preguntas correctas para lograr las mejores respuestas.
La victoria esta cerca, no podemos darnos el lujo de equivocarnos!!
No a la intervención extranjera cómplice del golpe!!!
Si a la solidaridad de los pueblos!!
Hasta la victoria siempre
lunes, 21 de septiembre de 2009
Dear Mr. President - Pink (Subtítulos en español)
Para todos los presidentes de este mundo naufragado!
viernes, 28 de agosto de 2009
“Un golpe de Estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño”
Enrique Santiago
Rebelión
El pasado 28 de junio, bajo la argumentación de que el presidente Manuel Zelaya había violado la Constitución, el ejército lo detenía y expulsaba del país. Este informe, elaborado por un experto en derecho internacional, muestra cómo los auténticos violadores de la Constitución hondureña fueron los golpistas que derrocaron al presidente legítimo del país.
El articulo 5 de la Constitución de la República de Honduras establece que el “El gobierno debe sustentarse en el principio de democracia participativa (…)”
Añade el articulo 15 de la Carta Magna hondureña: “Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales (…)”
De igual forma, la constitución hondureña establece en su articulo 16, que los tratados internacionales celebrados por Honduras, una vez que entran en vigor forman parte de su ordenamiento jurídico interno.
Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, de 23 de marzo, por el que se convocaba “(…) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (…)”. Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, “La Gaceta”. Conforme al articulo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez transcurrida la “vacatio legis” establecida.
El objeto del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha sido tomado literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el Fiscal de la Nación de Honduras.
Con fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria en el procedimiento Demanda nº 151-09 incoada a solicitud del Ministerio Publico (Fiscalía de la Nación), sentencia por la que se ordenaba suspender “todos los efectos del acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”, con lo que la meritada sentencia igualmente prohibía la publicación en el diario oficial “La Gaceta” de dicho Decreto Ejecutivo, que en dicha fecha aun no había sido publicado por motivos que se desconocen para los redactores de este informe.
La indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa añade: “(…) De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la Republica”.
Con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.
Con fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 (La Gaceta nº 31.945, de 25 de junio de 2009), y con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras (Decreto nº 3-2006, del 27 de enero de 2006, publicada el 1 de febrero de 2006) el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de Estadística de Honduras la realización de una “Encuesta Nacional de Opinión” a celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntaría a los ciudadanos la siguiente cuestión:
“¿Esta de acuerdo en que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?, SI- NO”
Con fecha 29 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a solicitud el Ministerio Publico (Fiscal de la Nación) emitió la siguiente “aclaración” de la sentencia de fecha de 27 de mayo de 2009.
“ACLARA: La sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009, de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido, o se emita, ya sea expreso o tácito, por su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve el mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”.
A simple vista se aprecia el carácter arbitrario y falto de fundamentación de la anterior “aclaración de sentencia”, que no contempla antecedentes ni hechos diferentes a los ya contemplados en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009. Esta última sentencia fue dictada con posterioridad a la aprobación del Decreto Ejecutivo 020-2009 del Poder Ejecutivo (Presidente de la Republica) de fecha 26 de mayo de 2009, por lo que bien podía haber contemplado como antecedentes de hecho el contenido del mencionado Decreto 020-2009. Tampoco consta acto de impugnación expresa de parte alguna contra el mencionado Decreto 020-2009, por lo que para el supuesto de que la mencionada “aclaración de sentencia” se entendiera aplicable para restar o anular efectos al Decreto Ejecutivo 020-2009 de 26 de mayo, nos encontraríamos ante un claro supuesto de “incongruencia judicial extra petita”, proscrito por los Principios General del Derecho Procesal, así como por las normas procesales hondureñas.
El articulo 5 de la Constitución de Honduras, instituye como mecanismo de consulta a los ciudadanos el referéndum –definido este como ratificación o desaprobación por la ciudadanía de una ley ordinaria, norma constitucional o reforma constitucional- y el plebiscito -definido como pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa- . Nada obsta por tanto a que con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras, el Presidente de la Republica encargue al Instituto Nacional de Estadística la realización de una Encuesta o Consulta sin carácter vinculante. Recuérdese que por norma constitucional, el resultado de un Referéndum o de un Plebiscito tendría fuerza imperativa y seria vinculante para los poderes públicos.
Añade el articulo 5 de la Constitución de Honduras, que “corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos, señaladas en los párrafos anteriores” (referéndum y plebiscitos vinculantes).
Por lo anterior, la conclusión evidente en Derecho es que la convocatoria de una consulta distinta a las reguladas en el articulo 5 de la Constitución hondureña, no invade ni las competencias de los órganos constitucionales con capacidad para convocar el Plebiscito o el referéndum, ni mucho menos puede considerarse en una democracia como un “delito” la mera voluntad de conocer la opinión de la ciudadanía, máxime cuando no existe norma jurídica expresa en el ordenamiento hondureño que impida realizar tales consultas. Al respecto, seria de aplicación el principio de legalidad penal, así como el principio general del derecho de mínima intervención del derecho penal.
Sin embargo, el Fiscal de la Nación, en su solicitud de captura del Presidente de la Republica y de allanamiento de la vivienda de este (Palacio Presidencial) de fecha 25 de junio de 2009 -que aparece en el expediente judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras referido a los sucesos de los días 28 de junio de 2009 y sucesivos, formula las siguientes acusaciones penales contra el Presidente Zelaya, por el hecho de haber convocado una “Encuesta Nacional de opinión a celebrar el día 28 de junio de 2009” mediante el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009:
1º.- Delito contra la Forma de Gobierno
2º.- Delito de Traición a la patria
3º.- Delito de abuso de autoridad
4º.- Delito de usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Publica y el Estado de Honduras.
1.- Delito contra la forma de Gobierno, tipificado en el artículo 328.3 del Código Penal hondureño:
“delinquen contra la forma de Gobierno: (…) quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: (…) 3.- despojar en todo o en parte al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la constitución”.
Obsérvese en este punto, y antes de continuar el razonamiento, que la destitución mediante golpe de estado del Presidente Zelaya, sin duda ha supuesto la perpetración de un delito contra la forma de Gobierno por parte de quienes perpetraron dicha destitución.
A juicio de esta parte, el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 no ha despojado ni al Congreso Nacional ni a la Corte Suprema de Justicia de ninguna de sus prerrogativas o facultades. Las prerrogativas supuestamente despojadas, según la acusación presentada por el Fiscal de la Nación de Honduras en fecha 25 de junio 2009 contra el Presidente Zelaya, serian las contempladas en el antes citado articulo 5 de la Constitución: la convocatoria de plebiscito o referéndum. Como ya hemos visto, la Encuesta Nacional de Opinión convocada mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009, ni tenia forma de plebiscito o referéndum, ni los efectos jurídicos de la misma eran equiparables al efecto jurídico de las dos mencionadas formas de consulta reguladas en el articulo 5 de la Constitución.
2.- Delito de Traición a la Patria: Conforme a la citada acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, el delito de Traición a la Patria aparecería tipificado en el articulo 2 de la Constitución hondureña en relación al art. 4 de la misma norma fundamental. Establece el artículo 2 de la Constitución hondureña:
“La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado que se ejercen por representación.
La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”,
añadiendo el artículo 4 de la norma constitucional:
“La forma de gobierno es republica, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”
A primera vista se observa la deficiente técnica jurídica constitucional, que tipifica una actuación política como delito a través de norma penal en blanco -toda vez que se establece el delito pero no la pena correspondiente al mismo- en un texto -el constitucional- cuya misión es determinar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico hondureño y en ningún caso definir tipos penales.
El Código Penal, en su artículo 310-A, sin definir el tipo penal, establece la pena correspondiente al delito de “traición a la patria” tipificado en el artículo 2 de la Constitución hondureña, estableciendo una pena de 15 a 20 años de reclusión.
La acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, por la hipotética comisión del delito de “Traición a la Patria” se fundamenta en lo establecido en el párrafo 7 del articulo 5 de la Constitución:
“No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el articulo 374 de la Constitución (…)”, en relación con los artículos 373, 374 y 375 de la Constitución hondureña.
Sin duda alguna, los contenidos de estos artículos constitucionales configuran el verdadero núcleo del debate político que ha provocado el golpe de estado realizado en Honduras el pasado día 28 de junio de 2009. Se trata de tres artículos constitucionales, que en síntesis, proscriben cualquier reforma constitucional que afecte a la forma de gobierno de la republica, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica a quien haya desempeñado anteriormente dicha magistratura, así como se refiere a quienes no puedan ser Presidente de la republica en el periodo subsiguiente a haber desempeñado determinados cargos institucionales.. Son los artículos denominados “pétreos” por el constitucionalismo hondureño, supuestos de irreformabilidad constitucional no previsto en ningún otro texto constitucional del mundo –salvo quizás y parcialmente la actual constitución italiana, que en su articulo 139 proscribe la revisión constitucional de la “forma republicana” impidiendo así la implantación de un régimen monárquico-, que bien podria definirse como propio del preconstitucionalismo de los albores del Siglo XIX, y que podria llegar a conculcar incluso lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 25. a.) en la medida en que de facto significa una usurpación de la soberanía popular, a la que se veta la posibilidad de decidir libre y democráticamente un sistema político diferente al consagrado en dichos artículos “pétreos”. Esta prohibición vulneraría el “contenido esencial” del derecho de sufragio, puesto que sustrae del poder constituyente una decisión como es la de si un presidente puede ser reelegido.
Establece el citado articulo 374 de la Constitución hondureña:
“No podrán reformarse, en ningún caso, el articulo anterior, el presente articulo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica, el (sic) ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier titulo y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la republica por el periodo subsiguiente”
Como se aprecia, la acusación formulada por el Fiscal de la Nación de Honduras indebidamente equipara la convocatoria de una Encuesta Nacional de Opinión por el Presidente Zelaya, -cuyo objetivo o resultado no era la realización de reforma constitucional alguna sino mas bien conocer la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad de abordar dicha reforma-, con la realización de una reforma constitucional contraviniendo lo establecido en los artículos 373 (competencia del Congreso Nacional para operar reformas constitucionales), 374 y 375 (inderogabilidad de la Constitución si no es reformada por las vías establecidas en ella) de la Constitución Nacional. Sobran argumentos -jurídicos y lógicos- para acreditar que en ningún caso la convocatoria -ni tan siquiera la realización, ya que nunca llegó a celebrarse- de la mencionada Encuesta o consulta nacional puede ser equiparable a la realización de una reforma constitucional o a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es conocer el estado de opinión de la ciudadanía -por lo demás, sumamente aconsejable en cualquier democracia- y otra cosa es pre-establecer que dicha opinión una vez manifestada equivale a un mandato imperativo, máxime cuando ni tan siquiera se ha podido verificar a través de la Encuesta Nacional de opinión, cual es realmente dicha opinión. Se imputa como delito al Presidente Zelaya la realización de una supuesta reforma constitucional que a fecha de hoy nadie ha indicado o acreditado en que consistiría exactamente, es decir, cuales serian los artículos reformados o a reformar.
Conviene destacar aquí que mediante Decretos 412-2002 de 13 de Noviembre de 2002, ratificado por Decreto 154-2003 del 23 de septiembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma de los articulos 239 y 240 de la constitución hondureña, ambos declarados “pétreos” por el articulo 374 de la Constituicion. En dicha ocasión -en la que si se consumó reforma constitucional llevada a cabo por el Congreso de la Nacion aprobándose la posibilidad de reelección presidencial entre otras reformas – ni la Fiscalia de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia iniciaron acción penal alguna contra los responsables de dicha reforma. Con fecha 11 de Noviembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló dichas reformas por inconstitucionales, sin adoptarse medida punitiva o reproche penal alguno contra ningun ciudadano.
3.- Abuso de autoridad: tipificado en el articulo 349.1 del Código Penal:
“será castigado con reclusión (…) el funcionario o empleado publico que: 1. Se niegue a dar debido cumplimiento a ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”
El Fiscal de la Nación formula esta acusación de desobediencia judicial al Presidente Zelaya a pesar de que como mas arriba se ha indicado, con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009, todo ello en cumplimiento de la Sentencia emanada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa. La mera existencia del Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 es prueba fehaciente del acatamiento presidencial de la señalada sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo, a pesar de que dicho conflicto de poderes -entre el Ejecutivo y el Judicial- debiera mas bien haberse resuelto aplicando los mecanismos previstos en la legislación administrativa hondureña para la resolución de conflictos de competencias entre diversos organismos del Estado, y no recurriendo a la judicialización penal de este conflicto, en abierta contradicción con el principio de mínima intervención del derecho penal.
Parece en todo caso exorbitado que el Fiscal de la Nación formule acusación contra el Presidente Zelaya equiparando a este a “funcionario o empleado publico”, sin reconocer las prerrogativas, inmunidades e inviolabilidades que debe ostentar la primera magistratura de Honduras, atendiendo tanto a lo establecido en el Derecho Internacional Penal (Sentencia Corte Internacional de Justicia de la Haya de 14 febrero de 2002. RD Congo vs Bélgica), como a la propia legislación interna hondureña.
En el derecho internacional publico, el principio de inmunidad estatal se hace extensivo a sus agentes en particular al Jefe de Estado, que usualmente -si es electo legítimamente- encarna la soberanía de su nación y ejecuta los principales actos de estado.
La inmunidad del jefe de estado se define de dos formas: la inmunidad “ratio personae” y la inmunidad “ratio materiae”.
Bajo la primera se exime al gobernante en ejercicio por ser quien es, el jefe de estado. Es una cortesía que se concede entre estados para evitar que se utilicen los tribunales para sustanciar asuntos políticos internos o entre estados.
Bajo la segunda se mantiene la inmunidad después de haber cesado en su cargo en cuanto a aquellos actos de estado (actos de gobierno) que realizó el jefe de estado durante su mandato pero no así respecto a actos privados que no son actos de gobierno, incluidos actos con responsabilidad penal internacional, que por definición nunca pueden ser actos de gobierno.
El Código Penal hondureño, en su artículo 316, expresamente contempla la inmunidad de un “Jefe de Estado extranjero”, por lo que parece lógico entender que dicha inmunidad durante el ejercicio del cargo ha de extenderse al Jefe de Estado hondureño. máxime atendiendo a las norma contemplada en el articulo 323 del Código Penal hondureño en vigor:
“Quien ofendiere al Presidente de la Republica en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión”
4.- usurpación de funciones: conforme a lo establecido en el articulo 354 del Código Penal hondureño, “el funcionario o empleado publico que usurpare funciones de otro cargos era sancionado con reclusión (,…)”
Nuevamente el Fiscal de la Nación, equiparando al Presidente Zelaya a un funcionario o empleado publico y obviando su condición de Jefe de Estado, formula acusación por un resultado que nunca se produjo: la supuesta usurpación de funciones del Congreso Nacional por el Presidente de la republica en el supuesto de que este convocara y constituyera una Asamblea Constituyente o bien reformara directamente la constitución hondureña. Olvida el Fiscal de la Nación lo establecido en el articulo 13 del Código Penal hondureño respecto a los hechos que pueden ser considerados delitos:
“El delito será de ser (sic) realizado por acción o por omisión (…)”,
Mas no por “intención”, podríamos añadir a sensu contrario, no pudiendo existir por tanto delito alguno sin que exista previamente la perpetración del acto delictivo.
Como resultado de la solicitud de detención y allanamiento contra el Presidente de la Republica solicitada por el Fiscal de la Nación en fecha 25 de junio de 2009, con supuesta fecha de 26 del mismo mes se emitió “orden de captura, toma de declaración y allanamiento de su vivienda” contra el Presidente Manuel Zelaya, en un hecho inédito en los estados de Derecho occidentales y sin iniciarse previamente procedimiento o discusión política alguna sobre la cesación de las inmunidades propias del Jefe de Estado en ejercicio.
Decimos “supuesta fecha” de la orden de detención, toda vez, que nadie, ni aun los abogados particulares del Presidente Zelaya que el mismo día 28 de junio interpusieron recurso de amparo contra la anterior orden, vieron la misma hasta al menos el 30 de junio de 2009, veinticuatro horas después de haber sido perpetrado el golpe de estado. Como argumento para no serles mostrada dicha orden el día 28 de junio , la Corte Suprema alegó la “secretividad” del procedimiento penal seguido contra el Presidente Zelaya, que recodemos, ya había sido expulsado del país y cesado en su cargo, por lo que difícilmente la mencionada “secretividad” tendría fundamento alguno al ser imposible que el acusado realizara cualquier actuación tendente a ocultar o destruir pruebas incriminatorias..
La mencionada orden de la Corte Suprema de Justicia establece
“(…) líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado. En vista de que los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas y existiendo un peligro de fuga, decrétese el Allanamiento de la vivienda del ciudadano antes mencionado en la Colonia Tres Caminos, cuarta avenida, segunda casa, manos izquierda, sin numero (se refiere al Palacio Presidencial) el que deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente, y para tal efecto nómbrese Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas Armadas Hondureñas (…)”.
Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
Posteriormente, el Ejercito Hondureño ha venido presionando a los militares integrantes de la Guardia Presidencial testigos del secuestro del Presidente Zelaya –según alguno de ellos ha declarado personalmente a los integrantes de esta misión de Observación y a terceras personas-, con el fin de que declararan que el allanamiento de la casa presidencial se produjo con posterioridad a las 6 AM del día 28 de junio, que se mostró orden judicial de detención y allanamiento y que no se produjo violencia alguna durante el allanamiento.
La citada orden de detención y allanamiento librada contra el Presidente Zelaya expresamente indica que el allanamiento debería realizarse “entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente”, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 99 de la Constitución hondureña para la realización de allanamientos. Se observa que las fuerzas militares que perpetraron tal allanamiento no respetaron ni el contenido de la orden de realizar este –Zelaya nunca fue presentado ante la justicia hondureña- ni el citado precepto constitucional, toda vez que el allanamiento se realizó cuarenta y cinco minutos antes de las 6 AM del 28 de junio.
Tanto la orden de allanamiento como la orden de captura deben ser mostradas a sus destinatarios por las autoridades que las ejecuten. así se dispone en el artículo 214 del Código Procesal Penal hondureño respecto a la orden de allanamiento y en el artículo 84 de la Constitución respecto a la orden de captura. En el caso del secuestro del Presidente Zelaya, a este no le fueron mostradas ni la orden de allanamiento ni la orden de captura, ni le fueron expresadas los motivos de esta, tal y como han declarado el propio Presidente así como los testigos presentes en el momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas hondureñas en la Casa Presidencial.
Posteriormente y en flagrante violación de la orden de captura y allanamiento emitida por la Corte Suprema de Justicia, que indicaba:
“(…) para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado(…)”, el Presidente Zelaya fue expulsado de facto del país a bordo de un avión que le trasladó a Costa Rica custodiado por militares hondureños. Es decir, ni se puso al Presidente “a la orden de la autoridad judicial”, ni se le tomo declaración judicial, además de ser expulsado del país sin que exista norma legal alguna que habilite para la realización de esta acción. De hecho, el articulo 71 de la Constitución establece que “(…) nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito (…)”. Igualmente, el articulo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”
Igualmente, el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia de “Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas Armadas” para la ejecución de la orden de captura y allanamiento dictada contra el Presidente Zelaya, conculca claramente lo establecido en el articulo 274 de la Constitución, al otorgarse por la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas competencias en materia judicial y de seguridad publica que la Constitución no les otorga. Establece el articulo 274 de la norma constitucional hondureña, que las Fuerzas Armadas “(…) cooperaran con las instituciones de seguridad publica, a petición de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, trafico de armas y el crimen organizado (..)” no dándose ninguno de los anteriores supuestos de hecho ni habiendo existido petición alguna a las Fuerzas Armadas por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.
En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09. La Gaceta nº 31.950, de 1 de julio de 2009
El anterior Decreto es claramente inconstitucional, por los siguientes motivos:
El articulo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña otorga al Congreso Nacional la atribución de “aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (…)”, improbación que equivale a reproche político y que en absoluto lleva aparejada la potestad de separar del cargo al Presidente de la Republica. Preguntado el Fiscal de la Nación por los miembros de esta misión Internacional sobre la norma o normas legales que habilitan al Congreso Nacional u a otra autoridad para “separara al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del Cargo de Presidente Constitucional” tal y como reza el articulo 1, apartado 2 del mencionado Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, éste se remitió al Capitulo III del Libro Quinto del Código Procesal Penal hondureño, que regula el “procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado”. Este capitulo, que consta de cuatro artículos (414 al 417) en absoluto contempla el cese cautelar o definitivo de ningún alto funcionario por el hecho de estar sometido a procedimiento penal, como no podría ser de otra manera en aplicación del principio de presunción de inocencia de que disfruta cualquier ser humano hasta que no haya sido condenado por sentencia firme (declaración Universal de los Derechos Humanos, articulo 11.1, y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art 14.2).
De esta forma, el mencionado articulo 1, apartado 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, al “separar” al Presidente Zelaya del ejercicio del cargo de Presidente de la Republica, consuma el Golpe de Estado que comenzó a ejecutarse en la mañana del día 28 de junio de 2009 al secuestrar el ejercito hondureño al Presidente Zelaya.
De hecho, el nombramiento de Roberto Micheletti Bain como “Presidente Constitucional de la Republica” que consta en el articulo 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, pretendió ser fundamentado -de forma grosera y fraudulenta por los golpistas hondureños- en el articulo 242 de la Constitución hondureña, que establece:
“(…) si la falta (del territorio nacional) del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que la falte para terminar el periodo constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto el Vicepresidente de la republica, el poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional” quien en ese momento era Roberto Micheletti.
Tras la perpetración del Golpe de Estado en la mañana del día 28 de junio, el Vicepresidente hondureño, Don Arístides Mejia, fue omitido en el supuesto proceso de sucesión constitucional realizado por el Congreso Nacional de Honduras.
Igualmente, el artículo 242 de la Constitución prevé que para el caso de que el Presidente del Congreso se viere obligado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por ausencia del Presidente y Vicepresidente, dicho desempeño será simultáneo al de la Presidencia del Congreso Nacional y siempre en calidad de tal Presidente del Congreso.
Roberto Michelleti, proclamado ilegalmente presidente de Honduras, nunca ha cesado formalmente como Presidente del Congreso Nacional, lo que no ha obstado a que el régimen golpista, mediante Decreto nº 142-2009 del Poder Legislativo (La Gaceta 1 de julio de 2009) eligiera nuevo Presidente del Congreso Nacional a José Alfredo Saavedra Paz, nuevamente en flagrante violación de la constitución hondureña, que establece el simultaneo desempeño de la Presidencia de la Asamblea Nacional y de la republica para el supuesto de vacancia de la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica.
Se observa claramente a lo largo de esta exposición jurídica, como los golpistas hondureños, con la excusa de que el Presidente Zelaya había vulnerado la Constitución Nacional a consecuencia de su intención de celebrar una Encuesta Nacional de Opinión, han venido sistemáticamente vulnerando no solamente las normas constitucionales, sino también muchas otras normas legales vigentes, todo ello con la burda y grosera intencionalidad de procurar disfrazar como supuesta “sucesión constitucional” lo que no ha sido otra cosa que un golpe de estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño.
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Enrique Santiago Romero
Abogado. España
Miembro Mision Internacional de Observacion de la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Honduras 17 al 25 julio 2009.
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Fuente: Rebelión
Rebelión
El pasado 28 de junio, bajo la argumentación de que el presidente Manuel Zelaya había violado la Constitución, el ejército lo detenía y expulsaba del país. Este informe, elaborado por un experto en derecho internacional, muestra cómo los auténticos violadores de la Constitución hondureña fueron los golpistas que derrocaron al presidente legítimo del país.
El articulo 5 de la Constitución de la República de Honduras establece que el “El gobierno debe sustentarse en el principio de democracia participativa (…)”
Añade el articulo 15 de la Carta Magna hondureña: “Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales (…)”
De igual forma, la constitución hondureña establece en su articulo 16, que los tratados internacionales celebrados por Honduras, una vez que entran en vigor forman parte de su ordenamiento jurídico interno.
Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, de 23 de marzo, por el que se convocaba “(…) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (…)”. Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, “La Gaceta”. Conforme al articulo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez transcurrida la “vacatio legis” establecida.
El objeto del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha sido tomado literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el Fiscal de la Nación de Honduras.
Con fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria en el procedimiento Demanda nº 151-09 incoada a solicitud del Ministerio Publico (Fiscalía de la Nación), sentencia por la que se ordenaba suspender “todos los efectos del acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”, con lo que la meritada sentencia igualmente prohibía la publicación en el diario oficial “La Gaceta” de dicho Decreto Ejecutivo, que en dicha fecha aun no había sido publicado por motivos que se desconocen para los redactores de este informe.
La indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa añade: “(…) De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la Republica”.
Con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.
Con fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 (La Gaceta nº 31.945, de 25 de junio de 2009), y con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras (Decreto nº 3-2006, del 27 de enero de 2006, publicada el 1 de febrero de 2006) el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de Estadística de Honduras la realización de una “Encuesta Nacional de Opinión” a celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntaría a los ciudadanos la siguiente cuestión:
“¿Esta de acuerdo en que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?, SI- NO”
Con fecha 29 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a solicitud el Ministerio Publico (Fiscal de la Nación) emitió la siguiente “aclaración” de la sentencia de fecha de 27 de mayo de 2009.
“ACLARA: La sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009, de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido, o se emita, ya sea expreso o tácito, por su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve el mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”.
A simple vista se aprecia el carácter arbitrario y falto de fundamentación de la anterior “aclaración de sentencia”, que no contempla antecedentes ni hechos diferentes a los ya contemplados en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009. Esta última sentencia fue dictada con posterioridad a la aprobación del Decreto Ejecutivo 020-2009 del Poder Ejecutivo (Presidente de la Republica) de fecha 26 de mayo de 2009, por lo que bien podía haber contemplado como antecedentes de hecho el contenido del mencionado Decreto 020-2009. Tampoco consta acto de impugnación expresa de parte alguna contra el mencionado Decreto 020-2009, por lo que para el supuesto de que la mencionada “aclaración de sentencia” se entendiera aplicable para restar o anular efectos al Decreto Ejecutivo 020-2009 de 26 de mayo, nos encontraríamos ante un claro supuesto de “incongruencia judicial extra petita”, proscrito por los Principios General del Derecho Procesal, así como por las normas procesales hondureñas.
El articulo 5 de la Constitución de Honduras, instituye como mecanismo de consulta a los ciudadanos el referéndum –definido este como ratificación o desaprobación por la ciudadanía de una ley ordinaria, norma constitucional o reforma constitucional- y el plebiscito -definido como pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa- . Nada obsta por tanto a que con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras, el Presidente de la Republica encargue al Instituto Nacional de Estadística la realización de una Encuesta o Consulta sin carácter vinculante. Recuérdese que por norma constitucional, el resultado de un Referéndum o de un Plebiscito tendría fuerza imperativa y seria vinculante para los poderes públicos.
Añade el articulo 5 de la Constitución de Honduras, que “corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos, señaladas en los párrafos anteriores” (referéndum y plebiscitos vinculantes).
Por lo anterior, la conclusión evidente en Derecho es que la convocatoria de una consulta distinta a las reguladas en el articulo 5 de la Constitución hondureña, no invade ni las competencias de los órganos constitucionales con capacidad para convocar el Plebiscito o el referéndum, ni mucho menos puede considerarse en una democracia como un “delito” la mera voluntad de conocer la opinión de la ciudadanía, máxime cuando no existe norma jurídica expresa en el ordenamiento hondureño que impida realizar tales consultas. Al respecto, seria de aplicación el principio de legalidad penal, así como el principio general del derecho de mínima intervención del derecho penal.
Sin embargo, el Fiscal de la Nación, en su solicitud de captura del Presidente de la Republica y de allanamiento de la vivienda de este (Palacio Presidencial) de fecha 25 de junio de 2009 -que aparece en el expediente judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras referido a los sucesos de los días 28 de junio de 2009 y sucesivos, formula las siguientes acusaciones penales contra el Presidente Zelaya, por el hecho de haber convocado una “Encuesta Nacional de opinión a celebrar el día 28 de junio de 2009” mediante el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009:
1º.- Delito contra la Forma de Gobierno
2º.- Delito de Traición a la patria
3º.- Delito de abuso de autoridad
4º.- Delito de usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Publica y el Estado de Honduras.
1.- Delito contra la forma de Gobierno, tipificado en el artículo 328.3 del Código Penal hondureño:
“delinquen contra la forma de Gobierno: (…) quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: (…) 3.- despojar en todo o en parte al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la constitución”.
Obsérvese en este punto, y antes de continuar el razonamiento, que la destitución mediante golpe de estado del Presidente Zelaya, sin duda ha supuesto la perpetración de un delito contra la forma de Gobierno por parte de quienes perpetraron dicha destitución.
A juicio de esta parte, el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 no ha despojado ni al Congreso Nacional ni a la Corte Suprema de Justicia de ninguna de sus prerrogativas o facultades. Las prerrogativas supuestamente despojadas, según la acusación presentada por el Fiscal de la Nación de Honduras en fecha 25 de junio 2009 contra el Presidente Zelaya, serian las contempladas en el antes citado articulo 5 de la Constitución: la convocatoria de plebiscito o referéndum. Como ya hemos visto, la Encuesta Nacional de Opinión convocada mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009, ni tenia forma de plebiscito o referéndum, ni los efectos jurídicos de la misma eran equiparables al efecto jurídico de las dos mencionadas formas de consulta reguladas en el articulo 5 de la Constitución.
2.- Delito de Traición a la Patria: Conforme a la citada acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, el delito de Traición a la Patria aparecería tipificado en el articulo 2 de la Constitución hondureña en relación al art. 4 de la misma norma fundamental. Establece el artículo 2 de la Constitución hondureña:
“La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado que se ejercen por representación.
La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”,
añadiendo el artículo 4 de la norma constitucional:
“La forma de gobierno es republica, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.
La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”
A primera vista se observa la deficiente técnica jurídica constitucional, que tipifica una actuación política como delito a través de norma penal en blanco -toda vez que se establece el delito pero no la pena correspondiente al mismo- en un texto -el constitucional- cuya misión es determinar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico hondureño y en ningún caso definir tipos penales.
El Código Penal, en su artículo 310-A, sin definir el tipo penal, establece la pena correspondiente al delito de “traición a la patria” tipificado en el artículo 2 de la Constitución hondureña, estableciendo una pena de 15 a 20 años de reclusión.
La acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, por la hipotética comisión del delito de “Traición a la Patria” se fundamenta en lo establecido en el párrafo 7 del articulo 5 de la Constitución:
“No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el articulo 374 de la Constitución (…)”, en relación con los artículos 373, 374 y 375 de la Constitución hondureña.
Sin duda alguna, los contenidos de estos artículos constitucionales configuran el verdadero núcleo del debate político que ha provocado el golpe de estado realizado en Honduras el pasado día 28 de junio de 2009. Se trata de tres artículos constitucionales, que en síntesis, proscriben cualquier reforma constitucional que afecte a la forma de gobierno de la republica, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica a quien haya desempeñado anteriormente dicha magistratura, así como se refiere a quienes no puedan ser Presidente de la republica en el periodo subsiguiente a haber desempeñado determinados cargos institucionales.. Son los artículos denominados “pétreos” por el constitucionalismo hondureño, supuestos de irreformabilidad constitucional no previsto en ningún otro texto constitucional del mundo –salvo quizás y parcialmente la actual constitución italiana, que en su articulo 139 proscribe la revisión constitucional de la “forma republicana” impidiendo así la implantación de un régimen monárquico-, que bien podria definirse como propio del preconstitucionalismo de los albores del Siglo XIX, y que podria llegar a conculcar incluso lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 25. a.) en la medida en que de facto significa una usurpación de la soberanía popular, a la que se veta la posibilidad de decidir libre y democráticamente un sistema político diferente al consagrado en dichos artículos “pétreos”. Esta prohibición vulneraría el “contenido esencial” del derecho de sufragio, puesto que sustrae del poder constituyente una decisión como es la de si un presidente puede ser reelegido.
Establece el citado articulo 374 de la Constitución hondureña:
“No podrán reformarse, en ningún caso, el articulo anterior, el presente articulo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica, el (sic) ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier titulo y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la republica por el periodo subsiguiente”
Como se aprecia, la acusación formulada por el Fiscal de la Nación de Honduras indebidamente equipara la convocatoria de una Encuesta Nacional de Opinión por el Presidente Zelaya, -cuyo objetivo o resultado no era la realización de reforma constitucional alguna sino mas bien conocer la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad de abordar dicha reforma-, con la realización de una reforma constitucional contraviniendo lo establecido en los artículos 373 (competencia del Congreso Nacional para operar reformas constitucionales), 374 y 375 (inderogabilidad de la Constitución si no es reformada por las vías establecidas en ella) de la Constitución Nacional. Sobran argumentos -jurídicos y lógicos- para acreditar que en ningún caso la convocatoria -ni tan siquiera la realización, ya que nunca llegó a celebrarse- de la mencionada Encuesta o consulta nacional puede ser equiparable a la realización de una reforma constitucional o a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es conocer el estado de opinión de la ciudadanía -por lo demás, sumamente aconsejable en cualquier democracia- y otra cosa es pre-establecer que dicha opinión una vez manifestada equivale a un mandato imperativo, máxime cuando ni tan siquiera se ha podido verificar a través de la Encuesta Nacional de opinión, cual es realmente dicha opinión. Se imputa como delito al Presidente Zelaya la realización de una supuesta reforma constitucional que a fecha de hoy nadie ha indicado o acreditado en que consistiría exactamente, es decir, cuales serian los artículos reformados o a reformar.
Conviene destacar aquí que mediante Decretos 412-2002 de 13 de Noviembre de 2002, ratificado por Decreto 154-2003 del 23 de septiembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma de los articulos 239 y 240 de la constitución hondureña, ambos declarados “pétreos” por el articulo 374 de la Constituicion. En dicha ocasión -en la que si se consumó reforma constitucional llevada a cabo por el Congreso de la Nacion aprobándose la posibilidad de reelección presidencial entre otras reformas – ni la Fiscalia de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia iniciaron acción penal alguna contra los responsables de dicha reforma. Con fecha 11 de Noviembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló dichas reformas por inconstitucionales, sin adoptarse medida punitiva o reproche penal alguno contra ningun ciudadano.
3.- Abuso de autoridad: tipificado en el articulo 349.1 del Código Penal:
“será castigado con reclusión (…) el funcionario o empleado publico que: 1. Se niegue a dar debido cumplimiento a ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”
El Fiscal de la Nación formula esta acusación de desobediencia judicial al Presidente Zelaya a pesar de que como mas arriba se ha indicado, con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009, todo ello en cumplimiento de la Sentencia emanada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa. La mera existencia del Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 es prueba fehaciente del acatamiento presidencial de la señalada sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo, a pesar de que dicho conflicto de poderes -entre el Ejecutivo y el Judicial- debiera mas bien haberse resuelto aplicando los mecanismos previstos en la legislación administrativa hondureña para la resolución de conflictos de competencias entre diversos organismos del Estado, y no recurriendo a la judicialización penal de este conflicto, en abierta contradicción con el principio de mínima intervención del derecho penal.
Parece en todo caso exorbitado que el Fiscal de la Nación formule acusación contra el Presidente Zelaya equiparando a este a “funcionario o empleado publico”, sin reconocer las prerrogativas, inmunidades e inviolabilidades que debe ostentar la primera magistratura de Honduras, atendiendo tanto a lo establecido en el Derecho Internacional Penal (Sentencia Corte Internacional de Justicia de la Haya de 14 febrero de 2002. RD Congo vs Bélgica), como a la propia legislación interna hondureña.
En el derecho internacional publico, el principio de inmunidad estatal se hace extensivo a sus agentes en particular al Jefe de Estado, que usualmente -si es electo legítimamente- encarna la soberanía de su nación y ejecuta los principales actos de estado.
La inmunidad del jefe de estado se define de dos formas: la inmunidad “ratio personae” y la inmunidad “ratio materiae”.
Bajo la primera se exime al gobernante en ejercicio por ser quien es, el jefe de estado. Es una cortesía que se concede entre estados para evitar que se utilicen los tribunales para sustanciar asuntos políticos internos o entre estados.
Bajo la segunda se mantiene la inmunidad después de haber cesado en su cargo en cuanto a aquellos actos de estado (actos de gobierno) que realizó el jefe de estado durante su mandato pero no así respecto a actos privados que no son actos de gobierno, incluidos actos con responsabilidad penal internacional, que por definición nunca pueden ser actos de gobierno.
El Código Penal hondureño, en su artículo 316, expresamente contempla la inmunidad de un “Jefe de Estado extranjero”, por lo que parece lógico entender que dicha inmunidad durante el ejercicio del cargo ha de extenderse al Jefe de Estado hondureño. máxime atendiendo a las norma contemplada en el articulo 323 del Código Penal hondureño en vigor:
“Quien ofendiere al Presidente de la Republica en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión”
4.- usurpación de funciones: conforme a lo establecido en el articulo 354 del Código Penal hondureño, “el funcionario o empleado publico que usurpare funciones de otro cargos era sancionado con reclusión (,…)”
Nuevamente el Fiscal de la Nación, equiparando al Presidente Zelaya a un funcionario o empleado publico y obviando su condición de Jefe de Estado, formula acusación por un resultado que nunca se produjo: la supuesta usurpación de funciones del Congreso Nacional por el Presidente de la republica en el supuesto de que este convocara y constituyera una Asamblea Constituyente o bien reformara directamente la constitución hondureña. Olvida el Fiscal de la Nación lo establecido en el articulo 13 del Código Penal hondureño respecto a los hechos que pueden ser considerados delitos:
“El delito será de ser (sic) realizado por acción o por omisión (…)”,
Mas no por “intención”, podríamos añadir a sensu contrario, no pudiendo existir por tanto delito alguno sin que exista previamente la perpetración del acto delictivo.
Como resultado de la solicitud de detención y allanamiento contra el Presidente de la Republica solicitada por el Fiscal de la Nación en fecha 25 de junio de 2009, con supuesta fecha de 26 del mismo mes se emitió “orden de captura, toma de declaración y allanamiento de su vivienda” contra el Presidente Manuel Zelaya, en un hecho inédito en los estados de Derecho occidentales y sin iniciarse previamente procedimiento o discusión política alguna sobre la cesación de las inmunidades propias del Jefe de Estado en ejercicio.
Decimos “supuesta fecha” de la orden de detención, toda vez, que nadie, ni aun los abogados particulares del Presidente Zelaya que el mismo día 28 de junio interpusieron recurso de amparo contra la anterior orden, vieron la misma hasta al menos el 30 de junio de 2009, veinticuatro horas después de haber sido perpetrado el golpe de estado. Como argumento para no serles mostrada dicha orden el día 28 de junio , la Corte Suprema alegó la “secretividad” del procedimiento penal seguido contra el Presidente Zelaya, que recodemos, ya había sido expulsado del país y cesado en su cargo, por lo que difícilmente la mencionada “secretividad” tendría fundamento alguno al ser imposible que el acusado realizara cualquier actuación tendente a ocultar o destruir pruebas incriminatorias..
La mencionada orden de la Corte Suprema de Justicia establece
“(…) líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado. En vista de que los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas y existiendo un peligro de fuga, decrétese el Allanamiento de la vivienda del ciudadano antes mencionado en la Colonia Tres Caminos, cuarta avenida, segunda casa, manos izquierda, sin numero (se refiere al Palacio Presidencial) el que deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente, y para tal efecto nómbrese Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas Armadas Hondureñas (…)”.
Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
Posteriormente, el Ejercito Hondureño ha venido presionando a los militares integrantes de la Guardia Presidencial testigos del secuestro del Presidente Zelaya –según alguno de ellos ha declarado personalmente a los integrantes de esta misión de Observación y a terceras personas-, con el fin de que declararan que el allanamiento de la casa presidencial se produjo con posterioridad a las 6 AM del día 28 de junio, que se mostró orden judicial de detención y allanamiento y que no se produjo violencia alguna durante el allanamiento.
La citada orden de detención y allanamiento librada contra el Presidente Zelaya expresamente indica que el allanamiento debería realizarse “entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente”, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 99 de la Constitución hondureña para la realización de allanamientos. Se observa que las fuerzas militares que perpetraron tal allanamiento no respetaron ni el contenido de la orden de realizar este –Zelaya nunca fue presentado ante la justicia hondureña- ni el citado precepto constitucional, toda vez que el allanamiento se realizó cuarenta y cinco minutos antes de las 6 AM del 28 de junio.
Tanto la orden de allanamiento como la orden de captura deben ser mostradas a sus destinatarios por las autoridades que las ejecuten. así se dispone en el artículo 214 del Código Procesal Penal hondureño respecto a la orden de allanamiento y en el artículo 84 de la Constitución respecto a la orden de captura. En el caso del secuestro del Presidente Zelaya, a este no le fueron mostradas ni la orden de allanamiento ni la orden de captura, ni le fueron expresadas los motivos de esta, tal y como han declarado el propio Presidente así como los testigos presentes en el momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas hondureñas en la Casa Presidencial.
Posteriormente y en flagrante violación de la orden de captura y allanamiento emitida por la Corte Suprema de Justicia, que indicaba:
“(…) para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado(…)”, el Presidente Zelaya fue expulsado de facto del país a bordo de un avión que le trasladó a Costa Rica custodiado por militares hondureños. Es decir, ni se puso al Presidente “a la orden de la autoridad judicial”, ni se le tomo declaración judicial, además de ser expulsado del país sin que exista norma legal alguna que habilite para la realización de esta acción. De hecho, el articulo 71 de la Constitución establece que “(…) nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito (…)”. Igualmente, el articulo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”
Igualmente, el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia de “Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (…) teniente coronel de las Fuerzas Armadas” para la ejecución de la orden de captura y allanamiento dictada contra el Presidente Zelaya, conculca claramente lo establecido en el articulo 274 de la Constitución, al otorgarse por la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas competencias en materia judicial y de seguridad publica que la Constitución no les otorga. Establece el articulo 274 de la norma constitucional hondureña, que las Fuerzas Armadas “(…) cooperaran con las instituciones de seguridad publica, a petición de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, trafico de armas y el crimen organizado (..)” no dándose ninguno de los anteriores supuestos de hecho ni habiendo existido petición alguna a las Fuerzas Armadas por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.
En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09. La Gaceta nº 31.950, de 1 de julio de 2009
El anterior Decreto es claramente inconstitucional, por los siguientes motivos:
El articulo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña otorga al Congreso Nacional la atribución de “aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (…)”, improbación que equivale a reproche político y que en absoluto lleva aparejada la potestad de separar del cargo al Presidente de la Republica. Preguntado el Fiscal de la Nación por los miembros de esta misión Internacional sobre la norma o normas legales que habilitan al Congreso Nacional u a otra autoridad para “separara al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del Cargo de Presidente Constitucional” tal y como reza el articulo 1, apartado 2 del mencionado Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, éste se remitió al Capitulo III del Libro Quinto del Código Procesal Penal hondureño, que regula el “procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado”. Este capitulo, que consta de cuatro artículos (414 al 417) en absoluto contempla el cese cautelar o definitivo de ningún alto funcionario por el hecho de estar sometido a procedimiento penal, como no podría ser de otra manera en aplicación del principio de presunción de inocencia de que disfruta cualquier ser humano hasta que no haya sido condenado por sentencia firme (declaración Universal de los Derechos Humanos, articulo 11.1, y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art 14.2).
De esta forma, el mencionado articulo 1, apartado 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, al “separar” al Presidente Zelaya del ejercicio del cargo de Presidente de la Republica, consuma el Golpe de Estado que comenzó a ejecutarse en la mañana del día 28 de junio de 2009 al secuestrar el ejercito hondureño al Presidente Zelaya.
De hecho, el nombramiento de Roberto Micheletti Bain como “Presidente Constitucional de la Republica” que consta en el articulo 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, pretendió ser fundamentado -de forma grosera y fraudulenta por los golpistas hondureños- en el articulo 242 de la Constitución hondureña, que establece:
“(…) si la falta (del territorio nacional) del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que la falte para terminar el periodo constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto el Vicepresidente de la republica, el poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional” quien en ese momento era Roberto Micheletti.
Tras la perpetración del Golpe de Estado en la mañana del día 28 de junio, el Vicepresidente hondureño, Don Arístides Mejia, fue omitido en el supuesto proceso de sucesión constitucional realizado por el Congreso Nacional de Honduras.
Igualmente, el artículo 242 de la Constitución prevé que para el caso de que el Presidente del Congreso se viere obligado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por ausencia del Presidente y Vicepresidente, dicho desempeño será simultáneo al de la Presidencia del Congreso Nacional y siempre en calidad de tal Presidente del Congreso.
Roberto Michelleti, proclamado ilegalmente presidente de Honduras, nunca ha cesado formalmente como Presidente del Congreso Nacional, lo que no ha obstado a que el régimen golpista, mediante Decreto nº 142-2009 del Poder Legislativo (La Gaceta 1 de julio de 2009) eligiera nuevo Presidente del Congreso Nacional a José Alfredo Saavedra Paz, nuevamente en flagrante violación de la constitución hondureña, que establece el simultaneo desempeño de la Presidencia de la Asamblea Nacional y de la republica para el supuesto de vacancia de la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica.
Se observa claramente a lo largo de esta exposición jurídica, como los golpistas hondureños, con la excusa de que el Presidente Zelaya había vulnerado la Constitución Nacional a consecuencia de su intención de celebrar una Encuesta Nacional de Opinión, han venido sistemáticamente vulnerando no solamente las normas constitucionales, sino también muchas otras normas legales vigentes, todo ello con la burda y grosera intencionalidad de procurar disfrazar como supuesta “sucesión constitucional” lo que no ha sido otra cosa que un golpe de estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño.
—
Enrique Santiago Romero
Abogado. España
Miembro Mision Internacional de Observacion de la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Honduras 17 al 25 julio 2009.
—
Fuente: Rebelión
jueves, 20 de agosto de 2009
La confesión de Micheletti y la resistencia anti-golpe
Por: Sergio Bahr
Micheletti confiesa que ya tenian planificado el golpe desde antes del 25 de junio.
Un poco desapercibida pasó la entrevista al presidente de facto Micheletti realizada por El Heraldo, y publicada en ese medio el día miércoles 19 de agosto del 2009 en la página 4, probablemente porque mucha gente ha dejado de leer ese medio, o simplemente pocos tienen el estómago para aguantar una página entera del que no llego por votos sino por botas. La entrevista es clave, sin embargo, por publicarse en un medio que ha apoyado descaradamente el golpe, por tratarse de una transcripción literal de su participación en el también golpista programa “frente a frente” (en el estuvo solo, sin nadie enfrente) y porque en ella el presidente golpista hace una confesión sorprendente:
“El jueves de esa semana (25 de junio), por la noche, recibí una llamada del señor embajador (de Estados Unidos, Hugo Llorens) y me dijo que por favor reflexionara, que íbamos a cometer algo que nos arrepentiríamos y que su gobierno no nos iba a reconocer si destituíamos a Zelaya”
Es decir, Micheletti esta admitiendo que ya tenían previsto destituir a Zelaya, que ya existía un plan en marcha para sacarlo del poder, ANTES del 25 de junio, antes que cualquiera de las acciones judiciales que AHORA dicen que fueron la base legal del golpe. En este lapsus de honestidad, el presidente de facto termina de botar por tierra los argumentos legalistas con los que se apoyan los golpistas.
Mientras tanto, en Honduras y desde la perspectiva de la resistencia, estamos presenciando dos fenómenos importantes: por un lado, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe es, sin ninguna duda, el organismo que dirige el esfuerzo de lucha. Y sin embargo, muchas organizaciones, entre ONGs y organizaciones de base que se han declarado contra el golpe, no están coordinando ni centralizando sus acciones con el frente.
Esto significa que, en lugar de una estrategia unitaria para realizar acciones, coordinar solidaridad y lograr cosas tan básicas como proveer de alimentación a los grupos de manifestantes que viajan de lejos, cada una de estas organizaciones esta realizando acciones puntuales aisladas que, siendo positivas, no tienen con mucho el impacto en el esfuerzo que tendrían si se estuvieran coordinando con el frente.
Que se tienen críticas al frente es indudable. Que se tengan desconfianzas si se trata de fondos, es natural. Nada de esto es insalvable, y debe ser solucionado por un simple motivo: la extrema derecha que planifico este golpe de estado ha puesto todos, todos sus huevos en esta canasta. Han necesitado de las iglesias, han unificado a los medios masivos de comunicación y los emplean las 24 horas, han obligado a “progresistas disfrazados” como Custodio, Illescas, Luz Ernestina Mejía a quitarse la máscara con la que se relacionaban con la sociedad civil. Han obligado a que se despojen de cualquier atisbo de objetividad periodistas como Wong Arevalo, como Renato Alvarez. Han gastado un dineral en campañas “blancas” por la democracia y la paz. Han aprovechado para aprobar leyes de servicio militar, han acudido a la represión. Han tratado de legitimar las elecciones como “solución” a la crisis.
Y la represión es la única carta que les queda. Lo de las elecciones no va a funcionar. No tienen más, lo han puesto todo, han quemado sus ultimas naves y cartuchos y aun así no han logrado frenar a la resistencia, que desorganizada y dividida logra mantener su presencia cotidiana con acciones en todo el país a 54 días de lucha.
Si la extrema derecha le ha apostado todo a este golpe, nos toca a nosotras y nosotros apostarle todo a derrotarlo. A construir un movimiento no zelayista -porque muchos no lo somos- sino un movimiento amplio anti-golpista y por la democracia participativa. Sin depender de la figura de Zelaya y superándolo incluso, el movimiento social Hondureño tiene una oportunidad histórica de deshacerse de sus divisiones y egoísmos y aglutinarse alrededor del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
Y sobre la división trata el segundo fenómeno que observamos: la UD, empujada por Cesar Ham, parece empecinada en participar por su cuenta en las futuras elecciones. El partido, que ya se había visto debilitado y manchado, se ha reivindicado con su posición de lucha en las ultimas semanas. Pero si participa en las elecciones esta dándole la espalda al movimiento social. Participar en las elecciones en las condiciones actuales es legitimar el golpe, no hay ninguna otra lectura, ninguna excusa cabe: seguir existiendo como partido es más importante que legitimar un proceso golpista? Vale realmente la pena?
Nunca como ahora el pueblo hondureño había estado tan unido en un objetivo, ya que no en estrategias para lograrlo. El regreso mismo de Zelaya al poder -condición absoluta para volver al orden constitucional- es secundario: la transformación del país es el objetivo fundamental. A las consignas viejas les ha dado contenido la gente en las calles, las ha llenado. El frente necesita de la colaboración, lo que incluye la crítica pero ante todo la propuesta, de todas aquellas y aquellos que rechazamos este golpe de Estado.
Es hora de quemar nosotros también las naves.
Micheletti confiesa que ya tenian planificado el golpe desde antes del 25 de junio.
Un poco desapercibida pasó la entrevista al presidente de facto Micheletti realizada por El Heraldo, y publicada en ese medio el día miércoles 19 de agosto del 2009 en la página 4, probablemente porque mucha gente ha dejado de leer ese medio, o simplemente pocos tienen el estómago para aguantar una página entera del que no llego por votos sino por botas. La entrevista es clave, sin embargo, por publicarse en un medio que ha apoyado descaradamente el golpe, por tratarse de una transcripción literal de su participación en el también golpista programa “frente a frente” (en el estuvo solo, sin nadie enfrente) y porque en ella el presidente golpista hace una confesión sorprendente:
“El jueves de esa semana (25 de junio), por la noche, recibí una llamada del señor embajador (de Estados Unidos, Hugo Llorens) y me dijo que por favor reflexionara, que íbamos a cometer algo que nos arrepentiríamos y que su gobierno no nos iba a reconocer si destituíamos a Zelaya”
Es decir, Micheletti esta admitiendo que ya tenían previsto destituir a Zelaya, que ya existía un plan en marcha para sacarlo del poder, ANTES del 25 de junio, antes que cualquiera de las acciones judiciales que AHORA dicen que fueron la base legal del golpe. En este lapsus de honestidad, el presidente de facto termina de botar por tierra los argumentos legalistas con los que se apoyan los golpistas.
Mientras tanto, en Honduras y desde la perspectiva de la resistencia, estamos presenciando dos fenómenos importantes: por un lado, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe es, sin ninguna duda, el organismo que dirige el esfuerzo de lucha. Y sin embargo, muchas organizaciones, entre ONGs y organizaciones de base que se han declarado contra el golpe, no están coordinando ni centralizando sus acciones con el frente.
Esto significa que, en lugar de una estrategia unitaria para realizar acciones, coordinar solidaridad y lograr cosas tan básicas como proveer de alimentación a los grupos de manifestantes que viajan de lejos, cada una de estas organizaciones esta realizando acciones puntuales aisladas que, siendo positivas, no tienen con mucho el impacto en el esfuerzo que tendrían si se estuvieran coordinando con el frente.
Que se tienen críticas al frente es indudable. Que se tengan desconfianzas si se trata de fondos, es natural. Nada de esto es insalvable, y debe ser solucionado por un simple motivo: la extrema derecha que planifico este golpe de estado ha puesto todos, todos sus huevos en esta canasta. Han necesitado de las iglesias, han unificado a los medios masivos de comunicación y los emplean las 24 horas, han obligado a “progresistas disfrazados” como Custodio, Illescas, Luz Ernestina Mejía a quitarse la máscara con la que se relacionaban con la sociedad civil. Han obligado a que se despojen de cualquier atisbo de objetividad periodistas como Wong Arevalo, como Renato Alvarez. Han gastado un dineral en campañas “blancas” por la democracia y la paz. Han aprovechado para aprobar leyes de servicio militar, han acudido a la represión. Han tratado de legitimar las elecciones como “solución” a la crisis.
Y la represión es la única carta que les queda. Lo de las elecciones no va a funcionar. No tienen más, lo han puesto todo, han quemado sus ultimas naves y cartuchos y aun así no han logrado frenar a la resistencia, que desorganizada y dividida logra mantener su presencia cotidiana con acciones en todo el país a 54 días de lucha.
Si la extrema derecha le ha apostado todo a este golpe, nos toca a nosotras y nosotros apostarle todo a derrotarlo. A construir un movimiento no zelayista -porque muchos no lo somos- sino un movimiento amplio anti-golpista y por la democracia participativa. Sin depender de la figura de Zelaya y superándolo incluso, el movimiento social Hondureño tiene una oportunidad histórica de deshacerse de sus divisiones y egoísmos y aglutinarse alrededor del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
Y sobre la división trata el segundo fenómeno que observamos: la UD, empujada por Cesar Ham, parece empecinada en participar por su cuenta en las futuras elecciones. El partido, que ya se había visto debilitado y manchado, se ha reivindicado con su posición de lucha en las ultimas semanas. Pero si participa en las elecciones esta dándole la espalda al movimiento social. Participar en las elecciones en las condiciones actuales es legitimar el golpe, no hay ninguna otra lectura, ninguna excusa cabe: seguir existiendo como partido es más importante que legitimar un proceso golpista? Vale realmente la pena?
Nunca como ahora el pueblo hondureño había estado tan unido en un objetivo, ya que no en estrategias para lograrlo. El regreso mismo de Zelaya al poder -condición absoluta para volver al orden constitucional- es secundario: la transformación del país es el objetivo fundamental. A las consignas viejas les ha dado contenido la gente en las calles, las ha llenado. El frente necesita de la colaboración, lo que incluye la crítica pero ante todo la propuesta, de todas aquellas y aquellos que rechazamos este golpe de Estado.
Es hora de quemar nosotros también las naves.
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Golpe de Estado,
Goriletti,
Honduras
jueves, 6 de agosto de 2009
State Department Daily Press Briefing
Robert Wood
Deputy Department Spokesman
Daily Press Briefing
Washington, DC
August 6, 2009
HONDURAS
U.S. robust in criticism of coup in Honduras
U.S. is trying to restore democratic order working with OAS
Reports that U.S. will not impose sanctions on Defacto Government
QUESTION: There’s a similar report on Honduras, actually, about it this morning that a assistant secretary has written Senator Lugar to say that the U.S. is softening its stance on the Honduras coup and does not want to place any sort of lasting penalties on the Honduran Government – the interim government. Is that true? Or how would you best characterize the position --
MR. WOOD: The best way I can characterize this, Kirit, is that we are not softening on our position with regard to Zelaya. We have been – as you know, we have been working hard to try to get both parties to take up seriously the San Jose Accords. We think it’s the best way forward for resolving the political situation, political crisis in Honduras. We believe this is the best mechanism for it. And we’re going to continue to try to convince both parties and go from there. But a coup took place in the country, and –
QUESTION: Well, you haven’t officially legally declared it a coup yet.
MR. WOOD: We have called it a coup. What we have said is that we legally can’t determine it to be a military coup. That review is still ongoing.
QUESTION: Why does it take so long to review whether there’s a military coup or not?
MR. WOOD: Well, look, there are a lot of legal issues here that have to be carefully examined before we can make that determination, and it requires information being shared amongst a number of parties. We need to be able to take a look at that information and make our best legal judgment as to whether or not –
QUESTION: It seems to be taking a very long time.
MR. WOOD: Well, things take time when you’re dealing with these kinds of very sensitive legal issues. So we want to make sure that –
QUESTION: Have you made a decision on whether to impose additional sanctions on the de facto government?
MR. WOOD: No decision has been made to do anything right now, other than support the San Jose Accords and the mediation process.
QUESTION: No, I understand. But have you made a determination whether – whether – not to impose sanctions? I mean, this report and this letter to Senator Lugar suggests that you’ve made the decision not to impose sanctions.
MR. WOOD: Look, I’m certainly not going to talk about the details of the correspondence that we have had with a congressperson or senator. I’m not going to do that from here. I can – what I can tell you is that the United States is doing everything it can to try to support the return to constitutional democratic order in the country. And we’re going to do what we think is best to try to move that process forward.
QUESTION: But my question wasn’t about the letter. My question was whether you’ve made the decision not to impose new sanctions on Honduras?
MR. WOOD: And what I’m saying to you is that where we’re focused right now is on supporting that process and trying to get the two parties to come to some sort of a political settlement. But beyond that, I don’t have anything to add on that question.
... ...
QUESTION: What’s the reaction to President Zelaya’s statement in Mexico? He called the response to the U.S. weak. And also, the criticism in Latin America and by the presence of military bases in Colombia.
MR. WOOD: Well, first, to address your question on the U.S. response in Honduras, we have been (inaudible) I mean, I just don’t agree with that characterization. We have been very robust in our criticism of what took place on the ground in Honduras. It was clearly a coup. We condemn that. What we’re trying to do now is to restore democratic and constitutional order.
We’re working through the OAS, which is the appropriate mechanism to do that, also giving support to the Arias mediation effort. And that’s where we are focused. But I would take issue with that characterization of our response being weak.
... ...
Deputy Department Spokesman
Daily Press Briefing
Washington, DC
August 6, 2009
HONDURAS
U.S. robust in criticism of coup in Honduras
U.S. is trying to restore democratic order working with OAS
Reports that U.S. will not impose sanctions on Defacto Government
QUESTION: There’s a similar report on Honduras, actually, about it this morning that a assistant secretary has written Senator Lugar to say that the U.S. is softening its stance on the Honduras coup and does not want to place any sort of lasting penalties on the Honduran Government – the interim government. Is that true? Or how would you best characterize the position --
MR. WOOD: The best way I can characterize this, Kirit, is that we are not softening on our position with regard to Zelaya. We have been – as you know, we have been working hard to try to get both parties to take up seriously the San Jose Accords. We think it’s the best way forward for resolving the political situation, political crisis in Honduras. We believe this is the best mechanism for it. And we’re going to continue to try to convince both parties and go from there. But a coup took place in the country, and –
QUESTION: Well, you haven’t officially legally declared it a coup yet.
MR. WOOD: We have called it a coup. What we have said is that we legally can’t determine it to be a military coup. That review is still ongoing.
QUESTION: Why does it take so long to review whether there’s a military coup or not?
MR. WOOD: Well, look, there are a lot of legal issues here that have to be carefully examined before we can make that determination, and it requires information being shared amongst a number of parties. We need to be able to take a look at that information and make our best legal judgment as to whether or not –
QUESTION: It seems to be taking a very long time.
MR. WOOD: Well, things take time when you’re dealing with these kinds of very sensitive legal issues. So we want to make sure that –
QUESTION: Have you made a decision on whether to impose additional sanctions on the de facto government?
MR. WOOD: No decision has been made to do anything right now, other than support the San Jose Accords and the mediation process.
QUESTION: No, I understand. But have you made a determination whether – whether – not to impose sanctions? I mean, this report and this letter to Senator Lugar suggests that you’ve made the decision not to impose sanctions.
MR. WOOD: Look, I’m certainly not going to talk about the details of the correspondence that we have had with a congressperson or senator. I’m not going to do that from here. I can – what I can tell you is that the United States is doing everything it can to try to support the return to constitutional democratic order in the country. And we’re going to do what we think is best to try to move that process forward.
QUESTION: But my question wasn’t about the letter. My question was whether you’ve made the decision not to impose new sanctions on Honduras?
MR. WOOD: And what I’m saying to you is that where we’re focused right now is on supporting that process and trying to get the two parties to come to some sort of a political settlement. But beyond that, I don’t have anything to add on that question.
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QUESTION: What’s the reaction to President Zelaya’s statement in Mexico? He called the response to the U.S. weak. And also, the criticism in Latin America and by the presence of military bases in Colombia.
MR. WOOD: Well, first, to address your question on the U.S. response in Honduras, we have been (inaudible) I mean, I just don’t agree with that characterization. We have been very robust in our criticism of what took place on the ground in Honduras. It was clearly a coup. We condemn that. What we’re trying to do now is to restore democratic and constitutional order.
We’re working through the OAS, which is the appropriate mechanism to do that, also giving support to the Arias mediation effort. And that’s where we are focused. But I would take issue with that characterization of our response being weak.
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