IMPOSIBLE NO PONERLO EN EL BLOG PARA CONSTANCIA FUTURA!!
Tomado del periódico golpista LA TRIBUNA
TEGUCIGALPA.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, advirtió al mandatario, Roberto Micheletti, que pese a las presiones internacionales “abandonar la Presidencia de la República es un delito” y deberá cumplir el mandato del Congreso Nacional hasta el 27 de enero fecha en la que asumirá el electo, Porfirio Lobo Sosa.
Ramón Custodio, recomendó además que no ponga atención a “metiches” de la comunidad internacional, “que son los mismos que hicieron fracasar” al depuesto, Manuel Zelaya Rosales.
El Ombudsman hondureño considera además que “no cabe” la amnistía política para los hechos relacionados con el 28 de junio, “porque trastoca las leyes y el sistema judicial hondureño”.
“Don Roberto Micheletti no puede abandonar sus funciones, porque la ley hondureña dice que si él abandona sus funciones en la República está cometiendo un delito”apuntó.
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martes, 15 de diciembre de 2009
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Fiesta cívica
Por Armando García
Escritor y catedrático
No hay otras elecciones más democráticas y del más puro estilo Honduras que las militarizadas, montadas a contrapelo de negociaciones gringas y otros ardides grindios de los ilustres (sin lustre) miembros de nuestra dictadura de la "sucesión constitucional".
No hay duda: será la más votada contienda en la historia de Corruptonia -ejemplo para la humanidad- por las botas que botarán en la votación. Con tal sufragio apuntalaremos a los presidenciables dedocráticos y sus lamecaites escogidos por el cacicazgo de los partidos tradicionales, montados en el circo eleccionario, según el libreto que repite, cual loro en estaca, el usurpador: "que los candidatos nada tienen que ver" con el golpe, perdón, con la "sucesión", aunque, por encima y por bajeras, están hasta el gorro en la asonada beato-cachureca-líbero-militar de la Mara 28, o sea: golpistas de tomo y lomo por acción, omisión y financiación.
Hemos de ser discretos en el levantamiento de perfiles; en el hinchamiento de bondades donde no hay; en el maquillaje vendible y en el truqueo de encuestas favorecedoras. Démosles, a como dé lugar, cursos acelerados de oratoria; contratemos alabarderos y amanuenses que le solivianten la demagogia al discurso machacón y pulan lo cansino de la bayunca e insoportable verborrea.
Es menester crear la tabla de salvación, cuidar la espalda (de demandas y males futuros) y garantizar la legalización de la asonada que se acometió con sacrificio civil, intolerancia militar y sacrilegio religiosero en aquel funesto junio.
Por ello, en la inteligencia cuartelera del madrugón, hemos fabricado, sin discreción pero con alta tecnología punta, fotoshop y contaminación sónica, las concentraciones pueblerinas-video-preparadas, multiplicadas virtualmente... Y masivamente custodiar, con el prodigio bala en boca y el gatillo alegre del honor, la lealtad y el sacrificio de la gloriosa armada fuerza de tarea de la oligarquía y sus melindres, el carnaval de "la fiesta cívica" de las elecciones estilo Honduras.
Úrgenos dejar, a matacaballo (así es el asunto, caballeros, si estamos decididos a vivir en democracia), libres las aulas de revoltosos maestros, para que no echen de ver con su ubicuo ojo de pato (y nos agüen la fiesta) la ñurda del golpecito eleccionario que tenemos virtualmente montado.
Tomado de: Arlequín
Escritor y catedrático
No hay otras elecciones más democráticas y del más puro estilo Honduras que las militarizadas, montadas a contrapelo de negociaciones gringas y otros ardides grindios de los ilustres (sin lustre) miembros de nuestra dictadura de la "sucesión constitucional".
No hay duda: será la más votada contienda en la historia de Corruptonia -ejemplo para la humanidad- por las botas que botarán en la votación. Con tal sufragio apuntalaremos a los presidenciables dedocráticos y sus lamecaites escogidos por el cacicazgo de los partidos tradicionales, montados en el circo eleccionario, según el libreto que repite, cual loro en estaca, el usurpador: "que los candidatos nada tienen que ver" con el golpe, perdón, con la "sucesión", aunque, por encima y por bajeras, están hasta el gorro en la asonada beato-cachureca-líbero-militar de la Mara 28, o sea: golpistas de tomo y lomo por acción, omisión y financiación.
Hemos de ser discretos en el levantamiento de perfiles; en el hinchamiento de bondades donde no hay; en el maquillaje vendible y en el truqueo de encuestas favorecedoras. Démosles, a como dé lugar, cursos acelerados de oratoria; contratemos alabarderos y amanuenses que le solivianten la demagogia al discurso machacón y pulan lo cansino de la bayunca e insoportable verborrea.
Es menester crear la tabla de salvación, cuidar la espalda (de demandas y males futuros) y garantizar la legalización de la asonada que se acometió con sacrificio civil, intolerancia militar y sacrilegio religiosero en aquel funesto junio.
Por ello, en la inteligencia cuartelera del madrugón, hemos fabricado, sin discreción pero con alta tecnología punta, fotoshop y contaminación sónica, las concentraciones pueblerinas-video-preparadas, multiplicadas virtualmente... Y masivamente custodiar, con el prodigio bala en boca y el gatillo alegre del honor, la lealtad y el sacrificio de la gloriosa armada fuerza de tarea de la oligarquía y sus melindres, el carnaval de "la fiesta cívica" de las elecciones estilo Honduras.
Úrgenos dejar, a matacaballo (así es el asunto, caballeros, si estamos decididos a vivir en democracia), libres las aulas de revoltosos maestros, para que no echen de ver con su ubicuo ojo de pato (y nos agüen la fiesta) la ñurda del golpecito eleccionario que tenemos virtualmente montado.
Tomado de: Arlequín
domingo, 18 de octubre de 2009
Os 'interinos' e a Constituição
Pedro Estevam Serrano*
A análise dos documentos que conformaram a ruptura da normalidade democrática em Honduras, conforme vão se dando ao conhecimento público, a nosso ver, não deixa margem a muitas dúvidas quanto a seu caráter golpista. Manifestações de juristas que participaram dos fatos vão denunciando a usurpação. Dentre elas, merecem destaque os pareceres do professor Ángel Edmundo Orellana Mercado, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nacional Autônoma de Honduras e ex-ministro da Defesa de Manuel Zelaya, que com ele rompeu logo no início da crise que traria o golpe.
O decreto parlamentar que determinou a destituição de Zelaya se utiliza abusivamente de sua competência de censurar a gestão administrativa do Executivo para julgar a conduta pessoal do presidente, atribuindo-lhe a prática de delitos, quando a Constituição local diz, nos artigos 303, parágrafo primeiro, e 304, que compete exclusivamente ao Judiciário fazê-lo. Trata-se, portanto, de usurpação da competência de outro poder. Mas o pior é que realizou tal aplicação de sanção definitiva, qual seja, a perda do mandato de presidente, sem oferecer qualquer direito de defesa ao acusado, sem considerá-lo presumivelmente inocente e sem qualquer observância do devido processo legal, em desacordo com o disposto nos artigos 82, 89 e muitos outros da Constituição hondurenha.
Articulistas têm partido da suposição, em alguma medida veiculada no noticiário, que a destituição de Zelaya se deu por ato jurisdicional da Corte Suprema de Honduras. No mínimo, tal informação é imprecisa. Em verdade, o que ocorreu é que, em 25 de junho do ano corrente, o procurador-geral da República hondurenha, Luis Alberto Rubi, apresentou requerimento fiscal – no Brasil, chamado denúncia criminal – contra o presidente por crimes de desobediência à ordem judicial e usurpação de poderes que implica traição à pátria.
O fato ensejador da propositura é a manifestação de Zelaya de que não obedeceria ordem do Tribunal de Julgados Administrativos, que determinou, em essência, a não realização de enquete pública, perguntando à população se desejava realizar um plebiscito sobre a convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Em tal denúncia, houve o pedido de detenção provisória do réu Zelaya, com sua apresentação ao Juízo, e a tomada de seu depoimento em audiência. Em 26 de junho, foi expedida ordem de captura contra Zelaya, por ordem do juiz Tomás Arita Valle, deferindo o pedido formulado pelo Ministério Público e determinando sua detenção provisória e apresentação ao Juízo.
Nos termos do artigo 41 da Carta hondurenha, o afastamento do cargo deveria ser temporário, não definitivo. O afastamento seria consequência de ordem judicial válida de prisão temporária de Zelaya, não seu objeto principal. Ocorre que tal ordem foi cumprida de forma absolutamente contrária aos termos em que foi expedida e em total desacordo com diversos dispositivos da Constituição de Honduras, o que ocasiona sua invalidade.
A invalidade de ordens judiciais de detenção por abuso no seu cumprimento não é nenhuma novidade em qualquer regime democrático do mundo, inclusive o brasileiro, observe-se a súmula do STF quanto ao uso indevido de algemas, por exemplo.
O primeiro aspecto inconstitucional na ordem judicial de detenção de Zelaya é que o juiz que a deferiu convocou as Forças Armadas para seu cumprimento, contrariando o disposto no artigo 293 da Carta que estabelece a Polícia Nacional como instituição competente para tanto. O segundo aspecto é o fato de Zelaya ter sido aprisionado em sua casa de madrugada, antes das 6 horas, o que contraria o disposto no artigo 99, parágrafo segundo, da Constituição.
Conforme relata Edmundo Orellana em seus pareceres, tal fato já motivou a anulação de ofício de um sem-número de ordens de prisão temporária em Honduras. Por último, e mais grave, o artigo 102 da Carta proíbe a todos os Poderes de Estado que realizem a expatriação de qualquer hondurenho. Logo, a ordem foi executada de forma abusiva, causando sua nulidade insofismável, por não observar o direito fundamental de Zelaya como pessoa nascida em Honduras e não inerente ao seu cargo de presidente.
Mas, além de todo esse cipoal de inconstitucionalidades, o procedimento judicial adotado contra Zelaya traz o grande vício de ter acabado por condená-lo, sem defesa e sem presunção de inocência, à pena definitiva de expatriação.
O que se lê na ordem de prisão de Zelaya é que se deveria realizar sua detenção, o que não aconteceu. Houve, sim, expatriação. Deveria ser uma restrição temporária a seu direito de ir e vir, o que não ocorreu também, pois sua expatriação implica impedimento definitivo de seu direito de ir e vir no território nacional. Zelaya deveria ser apresentado ao Juízo, o que se tornou impossível. Portanto, não apenas se ofendeu o direito de Zelaya como cidadão de Honduras em não ser expatriado, mas inviabilizou integralmente o pleno exercício de seu direito de defesa. O caráter permanente que as expatriações têm implica a condenação de Zelaya sem defesa, sem presunção de inocência e a inviabilização física de seu comparecimento ao Juízo e, por consequência, inexistência do devido processo legal.
Articulistas da imprensa brasileira têm alegado a incidência de um artigo da Constituição de Honduras, o 239, como fundamento da não observância do devido processo legal no caso. Em verdade, tal dispositivo nem sequer é apontado como fundamento jurídico, tanto no Decreto Parlamentar de destituição de Zelaya quanto na petição do Ministério Público e na decisão jurisdicional que levaram à expatriação do presidente eleito.
Inexiste, por conseguinte, como dado jurídico adequado para avaliarmos a legitimidade da conduta de destituição presidencial. De qualquer forma, admitir a incidência do crime previsto no artigo 239, sem direito de defesa e de presunção de inocência, além de contrariar todo o sistema constitucional hondurenho, que é pródigo em dispositivos garantidores de tais direitos, significa comprazer com formas medievais de direito e julgamento. Algo próprio da Inquisição ou de tribunais de exceção – sejam eles nazistas, comunistas, fascistas falangistas ou islâmicos. E não de um Estado Democrático de Direito, como Honduras deveria ser por sua Constituição.
Os atos de destituição parlamentar de Zelaya e de sua expatriação judicial, ambos sem direito a defesa, sem presunção de inocência e sem a observância do devido processo legal, não deixam margem a dúvidas, em nosso entender, do caráter golpista que findaram por assumir.
* Pedro Estevam Serrano é mestre e doutor em Direito do Estado, professor da Faculdade de Direito da PUC-SP
Tomado de CartaCapital
A análise dos documentos que conformaram a ruptura da normalidade democrática em Honduras, conforme vão se dando ao conhecimento público, a nosso ver, não deixa margem a muitas dúvidas quanto a seu caráter golpista. Manifestações de juristas que participaram dos fatos vão denunciando a usurpação. Dentre elas, merecem destaque os pareceres do professor Ángel Edmundo Orellana Mercado, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nacional Autônoma de Honduras e ex-ministro da Defesa de Manuel Zelaya, que com ele rompeu logo no início da crise que traria o golpe.
O decreto parlamentar que determinou a destituição de Zelaya se utiliza abusivamente de sua competência de censurar a gestão administrativa do Executivo para julgar a conduta pessoal do presidente, atribuindo-lhe a prática de delitos, quando a Constituição local diz, nos artigos 303, parágrafo primeiro, e 304, que compete exclusivamente ao Judiciário fazê-lo. Trata-se, portanto, de usurpação da competência de outro poder. Mas o pior é que realizou tal aplicação de sanção definitiva, qual seja, a perda do mandato de presidente, sem oferecer qualquer direito de defesa ao acusado, sem considerá-lo presumivelmente inocente e sem qualquer observância do devido processo legal, em desacordo com o disposto nos artigos 82, 89 e muitos outros da Constituição hondurenha.
Articulistas têm partido da suposição, em alguma medida veiculada no noticiário, que a destituição de Zelaya se deu por ato jurisdicional da Corte Suprema de Honduras. No mínimo, tal informação é imprecisa. Em verdade, o que ocorreu é que, em 25 de junho do ano corrente, o procurador-geral da República hondurenha, Luis Alberto Rubi, apresentou requerimento fiscal – no Brasil, chamado denúncia criminal – contra o presidente por crimes de desobediência à ordem judicial e usurpação de poderes que implica traição à pátria.
O fato ensejador da propositura é a manifestação de Zelaya de que não obedeceria ordem do Tribunal de Julgados Administrativos, que determinou, em essência, a não realização de enquete pública, perguntando à população se desejava realizar um plebiscito sobre a convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Em tal denúncia, houve o pedido de detenção provisória do réu Zelaya, com sua apresentação ao Juízo, e a tomada de seu depoimento em audiência. Em 26 de junho, foi expedida ordem de captura contra Zelaya, por ordem do juiz Tomás Arita Valle, deferindo o pedido formulado pelo Ministério Público e determinando sua detenção provisória e apresentação ao Juízo.
Nos termos do artigo 41 da Carta hondurenha, o afastamento do cargo deveria ser temporário, não definitivo. O afastamento seria consequência de ordem judicial válida de prisão temporária de Zelaya, não seu objeto principal. Ocorre que tal ordem foi cumprida de forma absolutamente contrária aos termos em que foi expedida e em total desacordo com diversos dispositivos da Constituição de Honduras, o que ocasiona sua invalidade.
A invalidade de ordens judiciais de detenção por abuso no seu cumprimento não é nenhuma novidade em qualquer regime democrático do mundo, inclusive o brasileiro, observe-se a súmula do STF quanto ao uso indevido de algemas, por exemplo.
O primeiro aspecto inconstitucional na ordem judicial de detenção de Zelaya é que o juiz que a deferiu convocou as Forças Armadas para seu cumprimento, contrariando o disposto no artigo 293 da Carta que estabelece a Polícia Nacional como instituição competente para tanto. O segundo aspecto é o fato de Zelaya ter sido aprisionado em sua casa de madrugada, antes das 6 horas, o que contraria o disposto no artigo 99, parágrafo segundo, da Constituição.
Conforme relata Edmundo Orellana em seus pareceres, tal fato já motivou a anulação de ofício de um sem-número de ordens de prisão temporária em Honduras. Por último, e mais grave, o artigo 102 da Carta proíbe a todos os Poderes de Estado que realizem a expatriação de qualquer hondurenho. Logo, a ordem foi executada de forma abusiva, causando sua nulidade insofismável, por não observar o direito fundamental de Zelaya como pessoa nascida em Honduras e não inerente ao seu cargo de presidente.
Mas, além de todo esse cipoal de inconstitucionalidades, o procedimento judicial adotado contra Zelaya traz o grande vício de ter acabado por condená-lo, sem defesa e sem presunção de inocência, à pena definitiva de expatriação.
O que se lê na ordem de prisão de Zelaya é que se deveria realizar sua detenção, o que não aconteceu. Houve, sim, expatriação. Deveria ser uma restrição temporária a seu direito de ir e vir, o que não ocorreu também, pois sua expatriação implica impedimento definitivo de seu direito de ir e vir no território nacional. Zelaya deveria ser apresentado ao Juízo, o que se tornou impossível. Portanto, não apenas se ofendeu o direito de Zelaya como cidadão de Honduras em não ser expatriado, mas inviabilizou integralmente o pleno exercício de seu direito de defesa. O caráter permanente que as expatriações têm implica a condenação de Zelaya sem defesa, sem presunção de inocência e a inviabilização física de seu comparecimento ao Juízo e, por consequência, inexistência do devido processo legal.
Articulistas da imprensa brasileira têm alegado a incidência de um artigo da Constituição de Honduras, o 239, como fundamento da não observância do devido processo legal no caso. Em verdade, tal dispositivo nem sequer é apontado como fundamento jurídico, tanto no Decreto Parlamentar de destituição de Zelaya quanto na petição do Ministério Público e na decisão jurisdicional que levaram à expatriação do presidente eleito.
Inexiste, por conseguinte, como dado jurídico adequado para avaliarmos a legitimidade da conduta de destituição presidencial. De qualquer forma, admitir a incidência do crime previsto no artigo 239, sem direito de defesa e de presunção de inocência, além de contrariar todo o sistema constitucional hondurenho, que é pródigo em dispositivos garantidores de tais direitos, significa comprazer com formas medievais de direito e julgamento. Algo próprio da Inquisição ou de tribunais de exceção – sejam eles nazistas, comunistas, fascistas falangistas ou islâmicos. E não de um Estado Democrático de Direito, como Honduras deveria ser por sua Constituição.
Os atos de destituição parlamentar de Zelaya e de sua expatriação judicial, ambos sem direito a defesa, sem presunção de inocência e sem a observância do devido processo legal, não deixam margem a dúvidas, em nosso entender, do caráter golpista que findaram por assumir.
* Pedro Estevam Serrano é mestre e doutor em Direito do Estado, professor da Faculdade de Direito da PUC-SP
Tomado de CartaCapital
jueves, 20 de agosto de 2009
La confesión de Micheletti y la resistencia anti-golpe
Por: Sergio Bahr
Micheletti confiesa que ya tenian planificado el golpe desde antes del 25 de junio.
Un poco desapercibida pasó la entrevista al presidente de facto Micheletti realizada por El Heraldo, y publicada en ese medio el día miércoles 19 de agosto del 2009 en la página 4, probablemente porque mucha gente ha dejado de leer ese medio, o simplemente pocos tienen el estómago para aguantar una página entera del que no llego por votos sino por botas. La entrevista es clave, sin embargo, por publicarse en un medio que ha apoyado descaradamente el golpe, por tratarse de una transcripción literal de su participación en el también golpista programa “frente a frente” (en el estuvo solo, sin nadie enfrente) y porque en ella el presidente golpista hace una confesión sorprendente:
“El jueves de esa semana (25 de junio), por la noche, recibí una llamada del señor embajador (de Estados Unidos, Hugo Llorens) y me dijo que por favor reflexionara, que íbamos a cometer algo que nos arrepentiríamos y que su gobierno no nos iba a reconocer si destituíamos a Zelaya”
Es decir, Micheletti esta admitiendo que ya tenían previsto destituir a Zelaya, que ya existía un plan en marcha para sacarlo del poder, ANTES del 25 de junio, antes que cualquiera de las acciones judiciales que AHORA dicen que fueron la base legal del golpe. En este lapsus de honestidad, el presidente de facto termina de botar por tierra los argumentos legalistas con los que se apoyan los golpistas.
Mientras tanto, en Honduras y desde la perspectiva de la resistencia, estamos presenciando dos fenómenos importantes: por un lado, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe es, sin ninguna duda, el organismo que dirige el esfuerzo de lucha. Y sin embargo, muchas organizaciones, entre ONGs y organizaciones de base que se han declarado contra el golpe, no están coordinando ni centralizando sus acciones con el frente.
Esto significa que, en lugar de una estrategia unitaria para realizar acciones, coordinar solidaridad y lograr cosas tan básicas como proveer de alimentación a los grupos de manifestantes que viajan de lejos, cada una de estas organizaciones esta realizando acciones puntuales aisladas que, siendo positivas, no tienen con mucho el impacto en el esfuerzo que tendrían si se estuvieran coordinando con el frente.
Que se tienen críticas al frente es indudable. Que se tengan desconfianzas si se trata de fondos, es natural. Nada de esto es insalvable, y debe ser solucionado por un simple motivo: la extrema derecha que planifico este golpe de estado ha puesto todos, todos sus huevos en esta canasta. Han necesitado de las iglesias, han unificado a los medios masivos de comunicación y los emplean las 24 horas, han obligado a “progresistas disfrazados” como Custodio, Illescas, Luz Ernestina Mejía a quitarse la máscara con la que se relacionaban con la sociedad civil. Han obligado a que se despojen de cualquier atisbo de objetividad periodistas como Wong Arevalo, como Renato Alvarez. Han gastado un dineral en campañas “blancas” por la democracia y la paz. Han aprovechado para aprobar leyes de servicio militar, han acudido a la represión. Han tratado de legitimar las elecciones como “solución” a la crisis.
Y la represión es la única carta que les queda. Lo de las elecciones no va a funcionar. No tienen más, lo han puesto todo, han quemado sus ultimas naves y cartuchos y aun así no han logrado frenar a la resistencia, que desorganizada y dividida logra mantener su presencia cotidiana con acciones en todo el país a 54 días de lucha.
Si la extrema derecha le ha apostado todo a este golpe, nos toca a nosotras y nosotros apostarle todo a derrotarlo. A construir un movimiento no zelayista -porque muchos no lo somos- sino un movimiento amplio anti-golpista y por la democracia participativa. Sin depender de la figura de Zelaya y superándolo incluso, el movimiento social Hondureño tiene una oportunidad histórica de deshacerse de sus divisiones y egoísmos y aglutinarse alrededor del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
Y sobre la división trata el segundo fenómeno que observamos: la UD, empujada por Cesar Ham, parece empecinada en participar por su cuenta en las futuras elecciones. El partido, que ya se había visto debilitado y manchado, se ha reivindicado con su posición de lucha en las ultimas semanas. Pero si participa en las elecciones esta dándole la espalda al movimiento social. Participar en las elecciones en las condiciones actuales es legitimar el golpe, no hay ninguna otra lectura, ninguna excusa cabe: seguir existiendo como partido es más importante que legitimar un proceso golpista? Vale realmente la pena?
Nunca como ahora el pueblo hondureño había estado tan unido en un objetivo, ya que no en estrategias para lograrlo. El regreso mismo de Zelaya al poder -condición absoluta para volver al orden constitucional- es secundario: la transformación del país es el objetivo fundamental. A las consignas viejas les ha dado contenido la gente en las calles, las ha llenado. El frente necesita de la colaboración, lo que incluye la crítica pero ante todo la propuesta, de todas aquellas y aquellos que rechazamos este golpe de Estado.
Es hora de quemar nosotros también las naves.
Micheletti confiesa que ya tenian planificado el golpe desde antes del 25 de junio.
Un poco desapercibida pasó la entrevista al presidente de facto Micheletti realizada por El Heraldo, y publicada en ese medio el día miércoles 19 de agosto del 2009 en la página 4, probablemente porque mucha gente ha dejado de leer ese medio, o simplemente pocos tienen el estómago para aguantar una página entera del que no llego por votos sino por botas. La entrevista es clave, sin embargo, por publicarse en un medio que ha apoyado descaradamente el golpe, por tratarse de una transcripción literal de su participación en el también golpista programa “frente a frente” (en el estuvo solo, sin nadie enfrente) y porque en ella el presidente golpista hace una confesión sorprendente:
“El jueves de esa semana (25 de junio), por la noche, recibí una llamada del señor embajador (de Estados Unidos, Hugo Llorens) y me dijo que por favor reflexionara, que íbamos a cometer algo que nos arrepentiríamos y que su gobierno no nos iba a reconocer si destituíamos a Zelaya”
Es decir, Micheletti esta admitiendo que ya tenían previsto destituir a Zelaya, que ya existía un plan en marcha para sacarlo del poder, ANTES del 25 de junio, antes que cualquiera de las acciones judiciales que AHORA dicen que fueron la base legal del golpe. En este lapsus de honestidad, el presidente de facto termina de botar por tierra los argumentos legalistas con los que se apoyan los golpistas.
Mientras tanto, en Honduras y desde la perspectiva de la resistencia, estamos presenciando dos fenómenos importantes: por un lado, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe es, sin ninguna duda, el organismo que dirige el esfuerzo de lucha. Y sin embargo, muchas organizaciones, entre ONGs y organizaciones de base que se han declarado contra el golpe, no están coordinando ni centralizando sus acciones con el frente.
Esto significa que, en lugar de una estrategia unitaria para realizar acciones, coordinar solidaridad y lograr cosas tan básicas como proveer de alimentación a los grupos de manifestantes que viajan de lejos, cada una de estas organizaciones esta realizando acciones puntuales aisladas que, siendo positivas, no tienen con mucho el impacto en el esfuerzo que tendrían si se estuvieran coordinando con el frente.
Que se tienen críticas al frente es indudable. Que se tengan desconfianzas si se trata de fondos, es natural. Nada de esto es insalvable, y debe ser solucionado por un simple motivo: la extrema derecha que planifico este golpe de estado ha puesto todos, todos sus huevos en esta canasta. Han necesitado de las iglesias, han unificado a los medios masivos de comunicación y los emplean las 24 horas, han obligado a “progresistas disfrazados” como Custodio, Illescas, Luz Ernestina Mejía a quitarse la máscara con la que se relacionaban con la sociedad civil. Han obligado a que se despojen de cualquier atisbo de objetividad periodistas como Wong Arevalo, como Renato Alvarez. Han gastado un dineral en campañas “blancas” por la democracia y la paz. Han aprovechado para aprobar leyes de servicio militar, han acudido a la represión. Han tratado de legitimar las elecciones como “solución” a la crisis.
Y la represión es la única carta que les queda. Lo de las elecciones no va a funcionar. No tienen más, lo han puesto todo, han quemado sus ultimas naves y cartuchos y aun así no han logrado frenar a la resistencia, que desorganizada y dividida logra mantener su presencia cotidiana con acciones en todo el país a 54 días de lucha.
Si la extrema derecha le ha apostado todo a este golpe, nos toca a nosotras y nosotros apostarle todo a derrotarlo. A construir un movimiento no zelayista -porque muchos no lo somos- sino un movimiento amplio anti-golpista y por la democracia participativa. Sin depender de la figura de Zelaya y superándolo incluso, el movimiento social Hondureño tiene una oportunidad histórica de deshacerse de sus divisiones y egoísmos y aglutinarse alrededor del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
Y sobre la división trata el segundo fenómeno que observamos: la UD, empujada por Cesar Ham, parece empecinada en participar por su cuenta en las futuras elecciones. El partido, que ya se había visto debilitado y manchado, se ha reivindicado con su posición de lucha en las ultimas semanas. Pero si participa en las elecciones esta dándole la espalda al movimiento social. Participar en las elecciones en las condiciones actuales es legitimar el golpe, no hay ninguna otra lectura, ninguna excusa cabe: seguir existiendo como partido es más importante que legitimar un proceso golpista? Vale realmente la pena?
Nunca como ahora el pueblo hondureño había estado tan unido en un objetivo, ya que no en estrategias para lograrlo. El regreso mismo de Zelaya al poder -condición absoluta para volver al orden constitucional- es secundario: la transformación del país es el objetivo fundamental. A las consignas viejas les ha dado contenido la gente en las calles, las ha llenado. El frente necesita de la colaboración, lo que incluye la crítica pero ante todo la propuesta, de todas aquellas y aquellos que rechazamos este golpe de Estado.
Es hora de quemar nosotros también las naves.
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