Custodio: “abandonar la Presidencia de la República es un delito”

IMPOSIBLE NO PONERLO EN EL BLOG PARA CONSTANCIA FUTURA!!

Tomado del periódico golpista LA TRIBUNA

TEGUCIGALPA.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, advirtió al mandatario, Roberto Micheletti, que pese a las presiones internacionales “abandonar la Presidencia de la República es un delito” y deberá cumplir el mandato del Congreso Nacional hasta el 27 de enero fecha en la que asumirá el electo, Porfirio Lobo Sosa.

Ramón Custodio, recomendó además que no ponga atención a “metiches” de la comunidad internacional, “que son los mismos que hicieron fracasar” al depuesto, Manuel Zelaya Rosales.

El Ombudsman hondureño considera además que “no cabe” la amnistía política para los hechos relacionados con el 28 de junio, “porque trastoca las leyes y el sistema judicial hondureño”.

“Don Roberto Micheletti no puede abandonar sus funciones, porque la ley hondureña dice que si él abandona sus funciones en la República está cometiendo un delito”apuntó.

Huele a peligro

Por Armando García
Escritor y catedrático

Disculpe -como dicen los vendedores de pastillas del bus- que lo interrumpa en su amena plática, pero es que quiero hacerle una preguntita: ¿es usted del pueblo? Quiere que sigan los mismos remachando el rosario de problemas que per-secula-seculorum han amolado a la afición de sol catracha. Fácil: siga eligiendo. Mire, disculpe, un momentito de atención, por favor, a los mismos de siempre.

Desea usted que se prolongue por los cuatro costados de la harapienta Corruptonia esa alta paja de la estrategia de reducción de la pobreza, sencillo: elija a los mismos de siempre, a esos que tienen treinta y pico de años, mal contados, de estar en la misma mica y en la misma rama de la demagogia (sin hacer nada, de nada, por nadie, sólo por ellos).

Usted, como ingenuo votante que siempre ha sido, quiere que siga la insalubridad en los hospitales, la escasez de las medicinas, el déficit de médicos y la falta de camas donde caerse muerto (que no de la risa), pues, como dicen los españoles: a por ellos, a mancharse el dedo hasta el codo, a votar por los mismos de siempre en esas elecciones estilo Honduras.

Pues, vea, si usted es de los que se enceguecen con un trapo azul o colorado y se le antoja que siga quebrada la agricultura, que haya una carestía de granos básicos que ni para remedio, que instale tal desolación y hambruna, de estómago pegado al espinazo, entre los campesinos y citadinos y que el agro siga, como hasta hoy, hecho japi: deles -como si fuera maje de al tiro- el voto.

Para que sigan las carreteras y los puentes, igual que la economía, hechos paste: présteles el voto. Si usted quiere que el politiquero siga en su voraz carrera de corrupto y corruptor: ábrales, con su voto, el arca para que el "justo" peque.

Quiere, usted, como liberal de estómago y cachureco de panza, que los mismos demagogos de corazón -de los cinco partidos tradicionales- sigan jugando con la voluntad de este conglomerado de la garra catracha: alquíleles el voto, así de fácil.

Desea, su merced, que la impunidad sigan echando raíz, hojas, flores y frutos, en este valle de lágrimas: pegue afiches, desgañítese, rómpase las vestiduras, sígalos, lámales las botas y la bosta, huélales los ventosos, arrástrese, mate o déjese matar…, y vote, ¿por quién más?, por ellos, los mismos demagogos de siempre.

Fiesta cívica

Por Armando García
Escritor y catedrático

No hay otras elecciones más democráticas y del más puro estilo Honduras que las militarizadas, montadas a contrapelo de negociaciones gringas y otros ardides grindios de los ilustres (sin lustre) miembros de nuestra dictadura de la "sucesión constitucional".

No hay duda: será la más votada contienda en la historia de Corruptonia -ejemplo para la humanidad- por las botas que botarán en la votación. Con tal sufragio apuntalaremos a los presidenciables dedocráticos y sus lamecaites escogidos por el cacicazgo de los partidos tradicionales, montados en el circo eleccionario, según el libreto que repite, cual loro en estaca, el usurpador: "que los candidatos nada tienen que ver" con el golpe, perdón, con la "sucesión", aunque, por encima y por bajeras, están hasta el gorro en la asonada beato-cachureca-líbero-militar de la Mara 28, o sea: golpistas de tomo y lomo por acción, omisión y financiación.

Hemos de ser discretos en el levantamiento de perfiles; en el hinchamiento de bondades donde no hay; en el maquillaje vendible y en el truqueo de encuestas favorecedoras. Démosles, a como dé lugar, cursos acelerados de oratoria; contratemos alabarderos y amanuenses que le solivianten la demagogia al discurso machacón y pulan lo cansino de la bayunca e insoportable verborrea.

Es menester crear la tabla de salvación, cuidar la espalda (de demandas y males futuros) y garantizar la legalización de la asonada que se acometió con sacrificio civil, intolerancia militar y sacrilegio religiosero en aquel funesto junio.
Por ello, en la inteligencia cuartelera del madrugón, hemos fabricado, sin discreción pero con alta tecnología punta, fotoshop y contaminación sónica, las concentraciones pueblerinas-video-preparadas, multiplicadas virtualmente... Y masivamente custodiar, con el prodigio bala en boca y el gatillo alegre del honor, la lealtad y el sacrificio de la gloriosa armada fuerza de tarea de la oligarquía y sus melindres, el carnaval de "la fiesta cívica" de las elecciones estilo Honduras.

Úrgenos dejar, a matacaballo (así es el asunto, caballeros, si estamos decididos a vivir en democracia), libres las aulas de revoltosos maestros, para que no echen de ver con su ubicuo ojo de pato (y nos agüen la fiesta) la ñurda del golpecito eleccionario que tenemos virtualmente montado.

Tomado de: Arlequín

EL VIDEO OFICIAL

Calle 13 & Ruben Blades

Constituição hondurenha não justifica o golpe

Pedro Estevam Serrano, especial para a Folha

O golpe em Honduras, que destituiu do exercício de seu mandato pelas armas um presidente eleito pelo voto, tem sido duramente repudiado pela comunidade internacional. Os golpistas usaram como justificativa o apoio da Corte Suprema e do Legislativo à deposição de Manuel Zelaya, fundando-se no artigo 374 da Constituição, que torna inválido qualquer plebiscito ou referendo que possibilite a renovação do mandato presidencial.

A partir dessa justificativa, alguns articulistas têm adotado como verdade uma suposta juridicidade do golpe, que teria, assim, um caráter universal de defesa da Constituição.

Tal conclusão, contudo, não resiste a uma leitura minimamente sistemática do texto constitucional de Honduras. O artigo 374 da Carta Magna hondurenha efetivamente impossibilita reforma constitucional que altere o mandato presidencial ou possibilite a reeleição do titular do respectivo mandato. Em verdade, tal dispositivo é clausula pétrea da Carta.

A clausula torna inválida qualquer alteração constitucional com tal objeto, mas não tem por si o condão de gerar a perda de mandato do presidente e muito menos dispensa o devido processo legal para tal sanção. O artigo 5º da Constituição impossibilita referendos ou plebiscitos que tenham por objeto a recondução do presidente ao mesmo mandato, sendo que o artigo 4º considera como obrigatória a alternância do exercício da Presidência, tornando crime de traição contra a pátria sua não observância.

Ora, a simples proposta de reeleição por um mandato do presidente da República não implica atentado contra o princípio da alternância, apenas altera o lapso de tempo pelo qual se dará tal alternância.

O único dispositivo no texto que poderia servir de fundamento à possível perda do mandato do presidente seria, provavelmente, a alínea 5 do artigo 42 da Carta, que torna passível da perda dos direitos de cidadania, entendida como a capacidade de votar e ser votado, a pessoa que “incitar, promover ou apoiar o continuísmo ou a reeleição do presidente”.

Primeiro, a afirmação que a proposta de reforma constitucional de Zelaya implica inobservância de tal dispositivo merece algum reparo. O dispositivo pretende evitar o apoio e o incitamento ao continuísmo do detentor do mandato de presidente na época dos fatos. Zelaya tem afirmado que sua proposta é de possibilitar a reeleição de futuros presidentes, e não dele próprio.

Assim, ele não teria apoiado, promovido ou incitado o continuísmo do atual presidente -ele próprio.

E, de qualquer forma, a alínea 6 do artigo 42 e diversos outros dispositivos da Constituição hondurenha determinam que a perda da cidadania deve ser aplicada em processo judicial contencioso e com direito a ampla defesa, observado o devido processo legal, o que não ocorreu de modo algum no procedimento adotado pelos golpistas e seus apoiadores.

Ainda que se considerasse que Zelaya cometeu crime ao ter formulado uma proposta de consulta popular contrariamente à Constituição, que o devido processo legal seria desnecessário por não previsão de procedimento específico de cassação de seu mandato na Carta hondurenha, que a Corte maior daquele país sancionou a decisão golpista de detê-lo, a forma de execução dessa decisão foi integralmente atentatória a dispositivos expressos da Constituição de Honduras.

O artigo 102 estabelece expressamente que nenhum hondurenho pode ser expatriado nem entregue pelas autoridades a um Estado estrangeiro. Ter detido Zelaya ainda de pijamas e tê-lo posto para fora do país de imediato atenta gravemente contra tal dispositivo.

A conduta golpista tratou-se de um cipoal de inconstitucionalidades, ao contrário do que postularam articulistas apressados, mais animados pela simpatia ao golpe de direita que por qualquer avaliação mais precisa e sistemática da Constituição hondurenha. Os atos praticados formam um atentado grave a diversos dispositivos da Carta Magna daquele país.

Em verdade, a conduta dos golpistas e dos que os apoiaram é que, clara e cristalinamente, constitui crime conforme o disposto no artigo 2º da Carta hondurenha, que tipifica como delito de traição da pátria a usurpação da soberania popular e dos poderes constituídos.

Podem querer alegar que, mesmo inconstitucional, toda a conduta golpista foi sustentada pela Corte maior. À Corte constitucional cabe o papel de interpretar a Constituição e não de usurpá-la às abertas. Sua autoridade é exercida não em nome próprio, mas como intérprete da Constituição, cabendo-lhe defendê-la, não destruí-la.

Ao agir como agiu, a Corte hondurenha realizou o que no âmbito jurídico tem-se como “poder constituinte originário”, ou seja, uma conduta política e não jurídica, originária, de fundação de uma nova ordem constitucional. Uma ordem imposta, de polícia e não democrática. Na ciência política, o mesmo fenômeno tem outro nome: golpe de Estado.

PEDRO ESTEVAM SERRANO, mestre e doutor em direito do Estado, é professor de direito constitucional da PUC-SP

Tomado de: PSOL

Os 'interinos' e a Constituição

Pedro Estevam Serrano*

A análise dos documentos que conformaram a ruptura da normalidade democrática em Honduras, conforme vão se dando ao conhecimento público, a nosso ver, não deixa margem a muitas dúvidas quanto a seu caráter golpista. Manifestações de juristas que participaram dos fatos vão denunciando a usurpação. Dentre elas, merecem destaque os pareceres do professor Ángel Edmundo Orellana Mercado, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nacional Autônoma de Honduras e ex-ministro da Defesa de Manuel Zelaya, que com ele rompeu logo no início da crise que traria o golpe.

O decreto parlamentar que determinou a destituição de Zelaya se utiliza abusivamente de sua competência de censurar a gestão administrativa do Executivo para julgar a conduta pessoal do presidente, atribuindo-lhe a prática de delitos, quando a Constituição local diz, nos artigos 303, parágrafo primeiro, e 304, que compete exclusivamente ao Judiciário fazê-lo. Trata-se, portanto, de usurpação da competência de outro poder. Mas o pior é que realizou tal aplicação de sanção definitiva, qual seja, a perda do mandato de presidente, sem oferecer qualquer direito de defesa ao acusado, sem considerá-lo presumivelmente inocente e sem qualquer observância do devido processo legal, em desacordo com o disposto nos artigos 82, 89 e muitos outros da Constituição hondurenha.

Articulistas têm partido da suposição, em alguma medida veiculada no noticiário, que a destituição de Zelaya se deu por ato jurisdicional da Corte Suprema de Honduras. No mínimo, tal informação é imprecisa. Em verdade, o que ocorreu é que, em 25 de junho do ano corrente, o procurador-geral da República hondurenha, Luis Alberto Rubi, apresentou requerimento fiscal – no Brasil, chamado denúncia criminal – contra o presidente por crimes de desobediência à ordem judicial e usurpação de poderes que implica traição à pátria.

O fato ensejador da propositura é a manifestação de Zelaya de que não obedeceria ordem do Tribunal de Julgados Administrativos, que determinou, em essência, a não realização de enquete pública, perguntando à população se desejava realizar um plebiscito sobre a convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Em tal denúncia, houve o pedido de detenção provisória do réu Zelaya, com sua apresentação ao Juízo, e a tomada de seu depoimento em audiência. Em 26 de junho, foi expedida ordem de captura contra Zelaya, por ordem do juiz Tomás Arita Valle, deferindo o pedido formulado pelo Ministério Público e determinando sua detenção provisória e apresentação ao Juízo.

Nos termos do artigo 41 da Carta hondurenha, o afastamento do cargo deveria ser temporário, não definitivo. O afastamento seria consequência de ordem judicial válida de prisão temporária de Zelaya, não seu objeto principal. Ocorre que tal ordem foi cumprida de forma absolutamente contrária aos termos em que foi expedida e em total desacordo com diversos dispositivos da Constituição de Honduras, o que ocasiona sua invalidade.

A invalidade de ordens judiciais de detenção por abuso no seu cumprimento não é nenhuma novidade em qualquer regime democrático do mundo, inclusive o brasileiro, observe-se a súmula do STF quanto ao uso indevido de algemas, por exemplo.

O primeiro aspecto inconstitucional na ordem judicial de detenção de Zelaya é que o juiz que a deferiu convocou as Forças Armadas para seu cumprimento, contrariando o disposto no artigo 293 da Carta que estabelece a Polícia Nacional como instituição competente para tanto. O segundo aspecto é o fato de Zelaya ter sido aprisionado em sua casa de madrugada, antes das 6 horas, o que contraria o disposto no artigo 99, parágrafo segundo, da Constituição.

Conforme relata Edmundo Orellana em seus pareceres, tal fato já motivou a anulação de ofício de um sem-número de ordens de prisão temporária em Honduras. Por último, e mais grave, o artigo 102 da Carta proíbe a todos os Poderes de Estado que realizem a expatriação de qualquer hondurenho. Logo, a ordem foi executada de forma abusiva, causando sua nulidade insofismável, por não observar o direito fundamental de Zelaya como pessoa nascida em Honduras e não inerente ao seu cargo de presidente.

Mas, além de todo esse cipoal de inconstitucionalidades, o procedimento judicial adotado contra Zelaya traz o grande vício de ter acabado por condená-lo, sem defesa e sem presunção de inocência, à pena definitiva de expatriação.

O que se lê na ordem de prisão de Zelaya é que se deveria realizar sua detenção, o que não aconteceu. Houve, sim, expatriação. Deveria ser uma restrição temporária a seu direito de ir e vir, o que não ocorreu também, pois sua expatriação implica impedimento definitivo de seu direito de ir e vir no território nacional. Zelaya deveria ser apresentado ao Juízo, o que se tornou impossível. Portanto, não apenas se ofendeu o direito de Zelaya como cidadão de Honduras em não ser expatriado, mas inviabilizou integralmente o pleno exercício de seu direito de defesa. O caráter permanente que as expatriações têm implica a condenação de Zelaya sem defesa, sem presunção de inocência e a inviabilização física de seu comparecimento ao Juízo e, por consequência, inexistência do devido processo legal.

Articulistas da imprensa brasileira têm alegado a incidência de um artigo da Constituição de Honduras, o 239, como fundamento da não observância do devido processo legal no caso. Em verdade, tal dispositivo nem sequer é apontado como fundamento jurídico, tanto no Decreto Parlamentar de destituição de Zelaya quanto na petição do Ministério Público e na decisão jurisdicional que levaram à expatriação do presidente eleito.
Inexiste, por conseguinte, como dado jurídico adequado para avaliarmos a legitimidade da conduta de destituição presidencial. De qualquer forma, admitir a incidência do crime previsto no artigo 239, sem direito de defesa e de presunção de inocência, além de contrariar todo o sistema constitucional hondurenho, que é pródigo em dispositivos garantidores de tais direitos, significa comprazer com formas medievais de direito e julgamento. Algo próprio da Inquisição ou de tribunais de exceção – sejam eles nazistas, comunistas, fascistas falangistas ou islâmicos. E não de um Estado Democrático de Direito, como Honduras deveria ser por sua Constituição.

Os atos de destituição parlamentar de Zelaya e de sua expatriação judicial, ambos sem direito a defesa, sem presunção de inocência e sem a observância do devido processo legal, não deixam margem a dúvidas, em nosso entender, do caráter golpista que findaram por assumir.

* Pedro Estevam Serrano é mestre e doutor em Direito do Estado, professor da Faculdade de Direito da PUC-SP

Tomado de CartaCapital